Paraíso, ¿para quién?

Aquí opera lo que la literatura de justicia ambiental documenta como distribución desigual del daño ecológico.

En Paraíso, Tabasco, hay niños que aprenden las tablas de multiplicar mientras respiran emanaciones químicas. A menos de 500 metros de sus aulas opera la Refinería Olmeca, esa que es más emblema que refinería y que, a pesar de sus pesares, se celebra como símbolo de soberanía energética y bandera de autosuficiencia nacional. Los padres piden que reubiquen las escuelas. La respuesta oficial ha sido invariable: “redistribúyanse en otros planteles”. Paraíso elegíaco que, hoy, ofrece lo contrario a la habitabilidad y florecimiento que su nombre remite.

Lo que ocurre en Paraíso es el resultado lógico de construir política pública desde el dogma. Dos Bocas no nació del análisis técnico que concluyera la necesidad de emplazar una refinería, sobre todo en esas coordenadas exactas. Nació como símbolo político incuestionable. Primero fue la decisión. Después se produjo la realidad técnica que la avalara y cuando ésa es la ruta, las variables incompatibles con el proyecto se vuelven invisibles. Los estudios de impacto ambiental, las certificaciones y las proyecciones económicas legitimaron una decisión ya tomada. Y en caso de que algún estudio hubiera dictaminado inviabilidad… se habría ajustado el estudio.

Esta subordinación de lo técnico a lo político tiene consecuencias materiales variables. Las familias de zonas aledañas y estudiantes de las escuelas cercanas jamás entraron en la ecuación, o bien, lo hicieron como parte del costo de oportunidad. En esa jerarquización, y simplificación, ciertas poblaciones quedaron deliberadamente fuera del cálculo.

Aquí opera lo que la literatura de justicia ambiental documenta como distribución desigual del daño ecológico. No es novedad que los desarrollos industriales, inmobiliarios y extractivos se dispongan donde las comunidades tienen menor capacidad de negociación, menor acceso a recursos legales. Las normas ambientales, presentadas como neutrales y técnicas, protegen industrias antes que poblaciones. Cumplen certificaciones que miden emisiones en rangos tolerables según estándares que jamás preguntaron: ¿tolerable para quién? ¿Para cuerpos infantiles en formación que respiran eso cotidianamente sin posibilidad de escape?

Así, queda la pregunta sobre cómo se jerarquizan los problemas públicos cuando compiten entre sí. ¿Qué hace que un problema público pese más que otro en la balanza estatal, o que llegue a construirse como problema inicialmente? ¿Qué criterios determinan que un proyecto industrial sea prioritario mientras las afectaciones comunitarias devengan secundarias, administrables, diferibles?

Las respuestas están en una lógica ideológica y revelan una operación política sofisticada. Evidentemente, existe un conflicto real entre el modelo de desarrollo energético y el derecho de las niñas y los niños a estudiar sin enfermarse. Y ese antagonismo merece debate público, confrontación explícita, empero, no sorprende que el Estado lo administra burocráticamente: “redistribúyanse en otros planteles”. Lo que para el gobierno, es solución administrativa simple, para las familias, es inviable. Implica distancias imposibles, separar hermanos, desintegrar la comunidad escolar, imponer cargas económicas por traslado a quienes ya cargan con exposición tóxica. Revela qué es movible y qué intocable.

Madres y padres denuncian mareos, olores intensos, afectaciones respiratorias. Se enfrentan a estudios oficiales que contradicen su verdad, o que pese a reconocerla, la anulan como problema público. Nuevamente, lo que merece deliberación democrática se resuelve mediante certificaciones que la comunidad no puede rebatir porque carece de acceso a los instrumentos de validación. El antagonismo se diluye, se gestiona, jamás se resuelve.

La promesa de reubicación que esperan desde antes de la operación fue instrumento de administración del conflicto, mientras la infraestructura permanece indemne y los cuerpos infantiles padecen la exposición. Dos Bocas es símbolo, pero de un modelo donde el dogma precede a la razón, donde lo técnico se subordina a lo político, donde el daño se distribuye desigualmente. Paraíso, ¿para quién?

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