Dafne Zapata Quintos tenía 13 años y llegó el 13 de julio a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, para un curso de verano que debía terminar a finales de mes. Murió tres días después y la necropsia determinó que la causa fue asfixia por sumersión, lo que la institución presentó como un accidente se convirtió en una investigación por feminicidio. Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas ha detenido a tres personas, el director del plantel, la encargada del área femenil y una exalumna que fungía como auxiliar. Exalumnos han empezado a denunciar públicamente que los castigos y maltratos llevaban años ocurriendo dentro de la institución sin que ninguna autoridad educativa la revisara.
Pese a que este caso puede leerse como una falta de supervisión académica, funciona también como la mayor expresión de la estrategia política que se sostiene en la desconfianza hacia las instituciones mexicanas.
Hannah Arendt, en su última entrevista pública, concedida a Roger Errera en 1973, explicaba que cuando un gobierno miente de manera sistemática, el resultado no es que la gente termine creyendo esas mentiras concretas, sino que pierde la capacidad de creer en cualquier cosa, incluida la verdad cuando por fin aparece.
Un pueblo así, decía, queda despojado no sólo de su capacidad de actuar, sino de su capacidad de pensar y de juzgar, porque ya no tiene con qué distinguir un hecho de otro. A diferencia de la vieja propaganda, que ganaba imponiendo una sola versión repetida hasta volverse verdad, hoy el poder gana dejando proliferar varias versiones distintas de lo ocurrido, donde el objetivo parece ser sembrar suficiente incertidumbre; y que esa misma incertidumbre, más que cualquier dato concreto, sea lo que el poder administra, dado que abre un ciclo donde resulta más fácil deslindarse de cualquier señalamiento, permite calificar a la crítica de campaña de odio, y evitar así la revisión de fondo que el caso merecería.
Sin embargo, toda estrategia política tiene un límite, y ésta parece estarlo alcanzando. Ejemplo de ello es que el gobierno ha reportado una caída de 45% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de este año, con el promedio diario de víctimas de 89.6 a 50.9, la cifra más baja en 11 años, pero investigaciones periodísticas han documentado que al ampliarse de 53 a 71 los tipos de delitos del registro nacional, varias fiscalías estatales empezaron a reclasificar homicidios hacia esas nuevas categorías, y en Sinaloa se encontraron 38 casos en un solo mes registrados como causa de muerte por determinar, en vez de homicidio doloso. Y, mientras tanto, casos como el de Dafne no dejan de ocurrir a diario.
Cuando las cifras oficiales bajan, pero la experiencia cotidiana las desmiente, lo que se descuadra no es sólo la credibilidad del gobierno y la confianza institucional, sino la percepción misma de seguridad, y ese descuadre alimenta un círculo vicioso donde la desconfianza institucional aumenta la incertidumbre, la incertidumbre aumenta la percepción de inseguridad, y esa percepción termina por erosionar exactamente lo que la estrategia de comunicación buscaba proteger.
Falta, además, reconocer que no toda la violencia en México nace del crimen organizado, aunque su magnitud haga que todo lo demás quede subsumido bajo esa etiqueta. No es que un homicidio pese menos cuando no viene de una estructura criminal reconocible, sino que, bajo esa lógica, los homicidios domésticos, los feminicidios y la negligencia institucional –como la que permitió que una academia sin supervisión operara durante años– quedan fuera de las estrategias homologadas de seguridad, precisamente porque no encajan en el molde con el que el Estado ha decidido medir y combatir la violencia. Y no es sólo esta academia.
Escuelas, albergues y casas hogar en México operan con niveles de supervisión desiguales, y sólo se revisan después de que ya hay un cuerpo de por medio.
Y, aun así, la justicia avanza despacio en un terreno donde ya proliferaron demasiadas versiones de los hechos, donde varias fiscalías, varios comunicados y varias declaraciones no cuadran entre sí, y donde eso, más que cualquier mentira puntual, es lo que termina protegiendo a quienes debieran rendir cuentas y revictimizando a quienes sufren.