Antes de exigir explicaciones a Washington por la cancelación de una visa, conviene precisar de qué ciudadano se trata, pues Andrés López Beltrán aparece mencionado, según fuentes con acceso a la carpeta federal, en una investigación sobre contrabando de combustible que involucra a más de 500 empresas, y un testigo colaborador ante la FGR declaró que la maniobra de descarga del buque Torm Agnes se aceleró porque el asunto, según le dijeron entonces, era cosa suya. La Presidenta tiene razón al señalar que una cancelación de visa no equivale a una sentencia, y al exigir pruebas antes de aceptar el señalamiento como verdad establecida. Ese reclamo legítimo hacia Washington contrasta, sin embargo, con una fragilidad construida hacia adentro que ella misma ha cultivado, pues no es la primera vez que defiende a un funcionario señalado por vínculos con el crimen organizado apelando a tecnicismos procesales, como ocurrió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuando insistió en que no existían pruebas mientras Estados Unidos documentaba conexiones con la facción de Los Chapitos. La soberanía como argumento sólo convence cuando la legitimidad se ha construido primero puertas adentro, y ese trabajo previo todavía está pendiente.
La fragilidad no se limita al caso individual. Entre los políticos mexicanos a quienes Washington retiró la visa este año figuran las autoridades de los tres estados que concentran los puertos históricamente señalados por el ingreso de huachicol fiscal: Marina del Pilar Ávila en Baja California, sede de Ensenada; Alfonso Durazo en Sonora, sede de Guaymas; y Américo Villarreal en Tamaulipas, sede de Tampico y Altamira. Ninguno ha sido acusado formalmente y todos han negado cualquier vínculo; la correlación no demuestra nada por sí misma. Llama la atención, sin embargo, que el mapa de las revocaciones coincida, con una precisión que roza lo incómodo, con el mapa de la ruta del contrabando.
Esa misma coincidencia se repite, con mayor nitidez, en Buenos Aires. El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como líder de la red de contrabando conocida como Los Primos, permanece libre en esa ciudad desde abril, protegido por una solicitud de asilo que ha logrado congelar su extradición. Detrás de su caso particular se extiende una arquitectura de complicidades tejida durante el sexenio anterior entre capitanías de puerto, aduanas y mandos navales, capaz de sobrevivir al cambio de administración y de reproducirse en expedientes distintos y simultáneos. Del 18 al 20 de agosto, el secretario Omar García Harfuch viajará precisamente a esa capital para presentar ante la DEA los resultados de la estrategia de seguridad mexicana, y cabe preguntarse si aprovechará el viaje para presionar por una extradición que lleva meses estancada o si, como ha ocurrido con otros pendientes incómodos, dejará pasar la oportunidad. El discurso de resultados y la persistencia de la impunidad transcurrirán, durante tres días, a pocos kilómetros de distancia.
Queda entonces una pregunta que rebasa el reclamo diplomático y el escándalo individual. Pemex ha reconocido ante reguladores estadunidenses pérdidas cercanas a 1,200 mdd asociadas al huachicol fiscal, y observatorios ciudadanos han calculado cifras todavía mayores en recaudación no percibida, aunque ninguna de esas cifras puede tomarse como definitiva mientras la investigación siga abierta. Esa misma exposición regulatoria abre la puerta a una demanda colectiva de acreedores por fraude, escenario que no se ha materializado, pero que resulta plausible porque Pemex mantiene una deuda considerable colocada en mercados de EU.
Por último, el volumen de dinero no se explica sólo como enriquecimiento personal o como sostén de un estilo de vida, pues su magnitud invita a preguntarse si una parte pudo destinarse a sostener algo más amplio, la operación política de un movimiento entero, sus campañas y su maquinaria. No propongo una respuesta que la evidencia todavía no permite. Propongo que la dificultad para encontrar el último eslabón de esta cadena señala algo distinto, que el caso ha rebasado ya la categoría de una verdad administrada según quién la escucha.