Infancia interrumpida: matrimonio infantil en México

Desde marzo de 2019, el matrimonio infantil está prohibido en México. Debe decirse que fue una larga lucha, pues representó un choque de fuerzas con muchísimas comunidades que se rigen por usos y costumbres, pero éstos parecían tener mayor peso frente a la ilegalidad, de ahí que no fue nada fácil que la ley proteja a las infancias mexicanas de una realidad dolorosa.

La diputada federal Eufrosina Cruz presentó la iniciativa contra el matrimonio infantil el año pasado y ha evidenciado que cada día se realizan 38 uniones forzadas en el país. Datos del Inegi de 2021 indican que 10.5 millones de mujeres menores de 18 años contrajeron matrimonio y seis de cada mil matrimonios involucra niñas de entre 12 y 14 años. La organización Girls Not Brides afirma que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en matrimonio infantil. Todo esto, pese a su prohibición.

Los esfuerzos por proteger a las niñas de uniones forzadas no cesan y, de ninguna manera, deben hacerlo. El pasado 25 de abril se aprobó una reforma al Código Penal Federal con el fin de establecer un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores de edad a la cohabitación o al matrimonio.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el dictamen precisa que es responsable de cometer el delito de cohabitación forzada a menores de 18 años o a personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, a quien “obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin consentimiento, con alguien de su misma condición”, incluso mayor de 18 años.

La reforma busca prever que la cohabitación forzada de menores de edad sea imprescriptible y que al responsable se le imponga una pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa. Como todo problema social, el matrimonio infantil implica una profunda complejidad y si deriva de otros delitos o riesgos que enfrentan las infancias en contextos específicos que generan una torre de violencias que se asientan sobre la preexistente vulnerabilidad.

Factores como la pobreza incrementan los riesgos del matrimonio infantil forzado, por lo que las y los menores que habitan en zonas rurales o en comunidades de grupos originarios se ven amenazados en mayor medida. De los violentos usos y costumbres, 326 mil mujeres fueron robadas para casarse y 193 mil se casaron a cambio de dinero y propiedades, entre otros recursos por uniones arregladas por los padres, de acuerdo con el Inegi.

El matrimonio infantil también propicia y opera como mecanismo facilitador del tráfico de menores. Lydia Cacho, en su libro Los demonios del Edén, descubrió que las redes de padrotes recurren a éste para facilitar su transporte dentro y fuera del país. Incluso, son otros menores quienes fungen estos roles dentro de las redes de trata. Además, el Consejo Nacional de Población registró que alrededor de nueve mil embarazos de niñas y adolescentes están directamente relacionados con las uniones tempranas, matrimonios infantiles forzados, violaciones y bajo nivel de escolaridad.

El matrimonio forzado no sólo violenta la infancia, el presente de las niñas y adolescentes, sino también limita las posibilidades de crecimiento y desarrollo hacia el futuro. Parafraseando a Eufrosina Cruz: “Que su origen nunca más defina su historia, mucho menos su destino”.

Es fundamental que las sanciones tanto castiguen, como desalienten este tipo de ilícitos. Pero el trabajo no ha terminado. Para que una sanción sea efectiva y exista un papel preventivo eficaz –que debe pretender la ley a la larga– debe informarse con detalle, llevarse con eficacia y no especular en la tipificación del delito.

Asimismo, debe intervenirse en los comportamientos delictivos a partir de estrategias indirectas, buscando medios de prevención social, es decir, fomentar la educación, cesar la idea errónea de que los usos y costumbres no pueden acomodarse a un marco legal que pretenda el bien común, hacer frente a la trata y el secuestro de menores, erradicar la violencia doméstica, entre otras estrategias que, sumadas a la sanción del matrimonio infantil, puedan prometer un futuro para las infancias mexicanas.

Que velar por las infancias del hoy nos recompense con la certidumbre de que habremos reescrito la historia del futuro.