Royer Pérez Jiménez tenía 19 años cuando murió en el Glades County Detention Center, en Florida, bajo custodia del ICE. La primera versión que llegó fue la de un posible suicidio y el gobierno de México respondió que esa explicación no bastaba, que quería saber qué había ocurrido antes de que las circunstancias de la muerte se convirtieran en un dato administrativo. Es la respuesta correcta, y hay que decirlo con precisión porque es también la única respuesta disponible cuando otro Estado tiene el cuerpo, controla el expediente y produce la versión.
La investigadora Aviva Chomsky, en su libro Indocumentados. Cómo la inmigración se volvió ilegal (2014), ha documentado con minuciosidad histórica que la categoría de “ilegalidad” migratoria no describe una condición natural, sino que la fabrica. Fue construida, argumenta, para producir una clase de trabajadores sin acceso pleno a los derechos que el sistema garantiza a quienes sí cuentan, porque una fuerza de trabajo que no puede reclamar protecciones es, por diseño, más controlable y más barata. En ese marco, la palabra “alien”, que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, usa con total naturalidad en sus conferencias al punto de haber declarado que todos los migrantes indocumentados son criminales por definición, tiene una función jurídica muy precisa. Se trata de colocar a ciertas personas fuera del alcance de las protecciones ordinarias, determinar quién merece atención médica en una celda, quién puede reclamar un salario y quién puede ser hallado muerto sin que nadie tenga acceso al expediente.
Esa última consecuencia no es hipotética. Hay casos documentados, entre ellos uno adjudicado por un jurado en Massachusetts, en que empresas contrataron trabajadores migrantes indocumentados y luego, cuando uno de ellos se lesionó y buscó compensación, llamaron al ICE para evitar pagar. La “ilegalidad” funciona en ese momento como instrumento, como una palanca que el empleador puede activar para librarse de sus obligaciones, porque quien no tiene estatus no tiene fácil acceso a los mecanismos que podrían protegerlo. Chomsky señala con precisión que la utilidad económica de la ilegalidad no es un efecto secundario del sistema, sino parte consecuencial de su lógica.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, catorce mexicanos han muerto en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, con edades entre los 19 y los 69 años, y México ha enviado catorce cartas diplomáticas que corresponden a cada fatalidad, exigiendo investigaciones. Más de 177 mil connacionales han sido detenidos desde enero de 2025 y cerca de 14 mil permanecen bajo esa condición al tiempo que escribo esta columna. Las cartas son necesarias y hay que seguir haciendo manifiesto el descontento y exigiendo transparencia en los procesos judiciales, de lo contrario, la muerte de Royer ni siquiera alcanza el rango de protesta visible. Lo que las cartas no pueden hacer es transformar la lógica del sistema al que se le dirigen, un sistema que incorpora la protesta al procedimiento y continúa funcionando igual, porque está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer.
Y, naturalmente, emergen preguntas que deben formularse para desenmascarar la conveniencia del retrato, por más que desemboquen en discusiones incómodas: ¿qué ocurre cuando la justicia que se exige tiene que tramitarse a través del mismo aparato jurídico que fabricó la condición de posibilidad de la muerte? ¿Qué significa investigar cuando quien investiga y quien clasificó al muerto como “alien” antes de que muriera son la misma entidad?
Queda, también, la pregunta sobre qué significa exigir justicia cuando el marco jurídico dentro del cual ocurrió la muerte fue construido para que esas muertes no requieran explicación suficiente. La respuesta más honesta es que hay que exigirla de todas formas, con más insistencia y con mayor precisión sobre lo que se está denunciando, que no es solamente la muerte de un joven, sino la arquitectura, cimentada quizá en las palabras exactas, que la hace posible y repetible. Ya van catorce.