Poner los muertos

El objetivo de cualquier organización criminal es ge­nerar ganancias rápidas a partir de la comisión de diversos delitos, lo que implica emplear la violen­cia para reducir las posibilidades de captura y del eventual castigo que contempla romper con las leyes que hemos aceptado todos para asegurar una convivencia pacífica en sociedad.

Que el crimen tenga un propósito ilícito, lamentablemen­te no le quita capacidad, ni de adaptación ni de corrupción, para ampliar sus operaciones, mover sus recursos y atender la demanda de productos ilegales que tenga, sea en territorio nacional o extranjero.

Sin embargo, en ese sentido torcido de negocio, el crimi­nal irá a donde reciba un pago más alto y cuente con un mer­cado amplio para actuar, por lo que dividirá sus operaciones de fabricación, distribución y comercialización de acuerdo con sus necesidades.

Una de ellas son las armas, que no se fabrican en México, pero que llegan a nuestro país gracias a una industria bo­yante en los Estados Unidos que, dentro de un marco legal e ilegal al mismo tiempo, exporta a varias regiones de aquí para que los delincuentes hagan frente a la actuación de las instituciones de seguridad.

Mientras la lógica fue de guerra, la cuestión era qué bando estaba mejor armado, por lo que la violencia podía escalar a los niveles intolerables que tuvimos y, gracias a la corrup­ción, el negocio criminal establecía acuerdos para atender un mercado de consumo de drogas, ahora sintéticas (sin que esto elimine la producción de otras), que paga las dosis a un precio que localmente no se puede alcanzar.

Este fue el contexto que motivó un cambio de rumbo ma­yoritario en 2018 y que presentó una estrategia radicalmen­te distinta: tenemos que ganar la paz, no la guerra, si quere­mos vivir en condiciones de tranquilidad.

Para eso, era fundamental atender las causas de la violen­cia, en particular las que dejan a las y los jóvenes con la única opción de ingresar a las filas de una organización criminal. Al mismo tiempo, se tenían que reestructurar a las corporacio­nes de seguridad y definir el papel de las Fuerzas Armadas en este objetivo de pacificar al país.

Porque lo de antes se explicaba de forma sencilla, aunque trágica: México produce las drogas, se inunda de armas y en consecuencia, que no termina en nuestro país, sino que se extiende a varios, a los Estados Unidos, nuestro socio comercial.

El jueves, en un discurso valiente, lo reiteró la primera secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la Cumbre de Jefes de Policía de la Organización de las Naciones Unidas: nosotros no fabrica­mos las armas, tampoco consumimos las drogas, pero con­tinuamos pagando la cuota de muerte que provoca la falta de cooperación, por la corrupción que sí rebasa fronteras, porque el negocio ilícito es demasiado jugoso.

En la máxima tribuna internacional que tiene el mundo, la representante del gobierno de México dejó claro que la meta es construir la paz con un sentido social que atienda el origen de la violencia y no enfrente a los mexicanos en dos bandos, uno de criminales y otro de elementos de las instituciones de seguridad del Estado, por en medio quedamos las y los ciudadanos que debemos ser los primeros en rechazar cual­quier forma de agresión, venga de donde venga.

Si hay oportunidades, apoyo, condiciones para crecer en todos los sentidos, la oferta del crimen pierde atractivo; si además seguimos presionando para que se aplique la ley y la puerta giratoria —que tanto criticamos el sexenio pasado y ahora, tristemente, muchos expertos de ocasión defienden por motivos que nada tienen que ver con obtener la paz— se cierre por completo, entonces se combatirá la impunidad.

Sin esos ingredientes, podremos dejar de poner los muer­tos, abandonar la idea de tener un arma, reducir su tráfico en territorio nacional y no continuar como un productor de sus­tancias ilegales, por mucho que sea negocio en otros países. El resultado será vivir en paz y con tranquilidad. Así es como ganaremos todas y todos.