Nos corresponden tres requisitos

Recobrar la paz en México requiere de una participación civil en tres aspectos de suma importancia: aumentar la denuncia de delitos y faltas administrativas; no tolerar ningún tipo de violencia; e involucrarnos más en lo que sucede en los lugares donde vivimos.

Ninguna institución, pública o privada, puede sustituir lo que nos toca hacer como ciudadanía para reducir el campo de acción del crimen y evitar que siga incorporando personas, particularmente jóvenes, con una falsa oferta de prosperidad instantánea, cuando en realidad sólo se trata de contar con suficiente carne de cañón. Cada vez que miramos hacia otro lado, que pretendemos ignorar lo que sucede en nuestros vecindarios o que nos volvemos indolentes ante las necesidades de otras personas, estamos contribuyendo a que la inseguridad se mantenga.

Aunque las tendencias reflejan un aumento sostenido en la percepción de la seguridad y en la disminución real de los delitos (hagamos un seguimiento simple de las estadísticas del Inegi), la preocupación sigue ahí en un porcentaje notable de la población. Pero vivir en la zozobra nunca trajo nada positivo; hacer lo que nos corresponde sí y ésa es la convocatoria. A pesar de la baja confianza que inspiran las autoridades ministeriales y los jueces, la denuncia ciudadana continúa como la mejor herramienta disponible para dejar constancia sobre los delitos y las faltas que nos perjudican en lo inmediato. Por supuesto que el temor a represalias, fundamentadas en una posible complicidad con esa misma autoridad, es el factor que inhibe llevar hacia delante una querella; pero sin ese primer paso, la impunidad está prácticamente garantizada. Existen mecanismos telefónicos para denunciar de manera anónima y confidencial, los cuales –espero– sean eficaces en la protección de quien ha decidido decir algo, porque sabe o ha visto lo que puede considerarse un delito. Las experiencias confirman que, si hay vías para informar sin riesgo, la gente hará lo correcto y denunciará.

Visto con objetividad, la llamada “cifra negra” es también un reflejo de la confianza que tiene la ciudadanía en que su denuncia o informe tendrá alguna consecuencia. De la misma manera, es un termómetro de la tolerancia que puede llegar a existir en las calles hacia la actuación de personas que provocan la violencia y se benefician de ésta. Soportar un clima de falta de civilidad, armonía y respeto en nuestros propios hogares hará difícil que nuestras comunidades tengan la capacidad de rechazar el delito. Pero una comunidad unida puede modificar casi cualquier mal hábito social que impere en un lugar, sea tirar la basura en la vía pública o vigilar que nadie robe autopartes durante la noche. Es un asunto de organización, no de sustituir a las fuerzas del orden.

Han sido muchas las consecuencias del estilo de vida que impuso esta forma de “capitalismo salvaje”, que se hizo tan popular durante cuatro décadas. Barrios “dormitorio”, por la concentración de empleos en zonas alejadas, en los que bandas de delincuentes pueden actuar hasta por turnos para cometer un crimen; ciudades colapsadas en su movilidad y gentrificadas en muchos espacios, que se vuelven desiertos por las noches y los fines de semana; una convivencia rota, porque esas calles se quedan a merced de una sólida estructura ilegal. Retomar la presencia cívica y actuar solidariamente para que no se permita ninguna forma de violencia, al mismo tiempo de que nos involucramos más en el entorno, es la manera en la que le ganamos metros al crimen. Sólo hay que mirar lo que ha ocurrido en estas semanas en algunos estados del país para comprobar que, cuando se logra meter a la mayoría de la población en sus casas, lo único que queda es el enfrentamiento entre autoridad y delincuencia, en el cual no habrá sociedad que gane.

Han pasado seis años de un cambio de modelo para frenar la inseguridad con buenos resultados, pero no con la velocidad que muchas regiones demandan. La percepción puede ser voluble; no obstante, es un indicador y puede estar en sincronía con lo que sucede en realidad. En este proceso la participación de todas y todos debe crecer, porque estoy seguro de que también existe un aumento en la corresponsabilidad de la población de muchos municipios y de que la confianza hacia la autoridad se ha fortalecido. El elemento pendiente es la coordinación y colaboración sostenida entre pueblo y autoridades para impedir las oportunidades y reducir los incentivos que puede tener una persona para engancharse en una actividad ilícita; evitar la impunidad con la denuncia; y construir un tejido social atendiendo esas causas que fomenta una violencia que no compartimos y no debemos estar dispuestos a tolerar.