¿La Cuarta Transformación sin ley?

“Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ‘Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande’”.

Lo recuerdo en este artículo porque parece que no hay mucha gente que lo tenga en el radar. El comportamiento de futuros funcionarios se ha basado en una autoridad inexistente. Hay quien allana propiedad ajena y hay quien amenaza con iniciar auditorías a particulares sin haber tomado el cargo, usurpando funciones deliberada y públicamente. ¿Por qué?

Lo que está pasando con el NAIM es un desprecio a la ley de antología. Una decisión tomada con 25 años de estudios, por una autoridad competente de acuerdo con la ley vigente aplicable es cuestionada por particulares (como bien lo apuntó José Woldenberg) en un sondeo público tendencioso sin efectos legales, basado en estudios de un proyecto inexistente que se fundamenta en información de un personaje que tiene un evidente conflicto de interés. Si el gobierno del presidente Peña hubiera hecho media de las cosas que describo, ya lo hubieran acribillado mediáticamente. Pero parece que el nuevo gobierno es inmune a acciones tan evidentes y eso preocupa porque quiere decir que gran parte de la opinión pública seguidora de Morena, también desprecia la ley.

La preocupación y la presión de organismos públicos y privados internacionales no han surtido efectos en el equipo del Presidente electo, ni tampoco lo han hecho los avisos de los mercados que estarían preocupados por una señal que sólo genera incertidumbre. Incluso una institución bancaria ha calculado las pérdidas derivadas de cancelar la construcción del NAIM en $200 mil millones de pesos que literalmente serían tirados a la basura; para efectos de referencia el candidato de Morena ofreció ahorrar $500 mil millones de pesos cuando acabaran con la corrupción y con las disminuciones de sueldos.

De llevar a cabo la cancelación del NAIM se habrán perdido varias oportunidades. La primera es política y la perdería el propio gobierno electo, quien pudo entrar a revisar la obra, encontrar irregularidades, castigarlas y, aun así, inaugurar un NAIM depurado de la corrupción.

La segunda es perder la oportunidad de zanjar un problema de largo plazo con una opción ilógica e inviable que tendría efectos en economías locales y en sectores como el turístico. El expresidente Calderón apuntaba en Twitter un ejemplo práctico. Imagine que un alemán quiere venir a Puerto Vallarta, después de un vuelo de 12 horas, recibir su equipaje 1 hora después de aterrizar (cortesía del SAT), tomar un autobús para llegar a Santa Lucía dos horas después, pero al menos una hora antes del vuelo Santa Lucía-Puerto Vallarta que durará una hora y media. Las opciones que tendría ese turista es volar a Dallas y no tener que transportarse a otro aeropuerto. La otra es ir a Cancún en vuelo directo. El efecto sería negativo en ambas circunstancias para la Ciudad de México y en una para Puerto Vallarta.

Cometer un error de esta magnitud antes de iniciar el gobierno sería histórico. Perder la confianza de los mercados internacionales e inversionistas por no tener certeza de que las decisiones tomadas no serán respetadas ni siquiera cuando fueron adjudicadas mediante contrato, por las autoridades competentes de acuerdo con la ley vigente aplicable antes de iniciar un sexenio, sería único en la historia de México.

No votaré en el ejercicio por considerar que es injusto y no vinculante legalmente. No creo en la democracia a mano alzada, creo en la democracia basada en el Estado de derecho.