Golpe a golpe, los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación (la 4T) han venido devastando la división de poderes y el Estado de derecho, pilares de todo régimen democrático.
Para esa devastación han contado con complicidades decisivas. Primero, con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas resoluciones permitieron que en la Cámara de Diputados los legisladores oficialistas alcanzaran la mayoría calificada que estuvieron lejos de obtener en las urnas, y que a los de oposición, que obtuvieron casi la mitad de los votos, se les asignara un porcentaje de escaños tan reducido que no pueden siquiera emprender acciones de inconstitucionalidad.
Esa supermayoría espuria está en posibilidad de aprobar las reformas constitucionales que decida el gobierno, y las ha aprobado sin siquiera tener la decencia de leer las iniciativas ni permitir que la minoría las examine. El Poder Legislativo se convirtió en una oficialía de partes. No es un verdadero parlamento, institución en cuya esencia está la deliberación y los acuerdos entre la mayoría y la minoría legislativas. Ésa es la segunda complicidad con que han contado los gobiernos de la 4T.
La tercera complicidad surge de las dos anteriores. Una reforma constitucional, que hubiera sido imposible sin las decisiones del INE y del TEPJF y de la sumisión de la mayoría legislativa, demolió los poderes judiciales del país, incluyendo al más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renovada en virtud de una farsa de elección en la que participó uno de cada diez ciudadanos, y en la que se repartieron acordeones que indicaban a los votantes a quiénes debían elegir.
Al desfigurar al más alto tribunal del país, la 4T cumplió dos propósitos: la captura del Poder Judicial federal y la venganza por los fallos con los que la anterior Suprema Corte invalidó iniciativas y decretos inconstitucionales, lo que provocó la ira, manifestada en soeces denuestos contra los ministros, del expresidente Andrés Manuel López Obrador
Otra reforma constitucional erosionó la eficacia del juicio de amparo. Las sentencias que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales en ningún caso tendrán efectos generales, es decir, sólo favorecerán a quien haya promovido el juicio.
La nueva Suprema Corte, la Suprema Corte de Justicia del acordeón, no ha tardado en enseñar el cobre. No es una Corte empeñada en defender los derechos de los gobernados contra los abusos de poder, sino un tribunal dispuesto a convalidar los atropellos del gobierno.
Esa nueva Corte, apartándose de la jurisprudencia de su antecesora, ha convalidado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga la facultad de congelar cuentas bancarias con la sola sospecha de actividades ilícitas de blanqueo de recursos, sin autorización judicial y sin que el congelamiento responda a una obligación o resolución internacional.
Esa medida es claramente violatoria del principio establecido en el artículo 14 constitucional, según el cual nadie podrá ser privado de derecho alguno sino mediante juicio ante un tribunal previamente establecido en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, una de las cuales es el derecho a la defensa. Sus efectos pueden ser ruinosos porque una reforma a la ley de amparo ha prohibido a los jueces conceder la suspensión contra esos congelamientos.
La resolución de la Corte del acordeón sostiene que el bloqueo de cuentas no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa, un acto de molestia temporal. Falso: es una sanción penal porque se deriva de una sospecha de delito —el delito es el ilícito penal—, y no es un simple acto de molestia como el que se nos infiere al revisarse nuestro veliz cuando vamos a abordar un avión. Congelar una cuenta condena al titular a quedarse sin la posibilidad de cubrir los gastos inevitables que impone la vida cotidiana, e incluso le imposibilita —salvo a los verdaderos lavadores— la contratación de un abogado para defenderse de la medida y la consecuente acusación.