No era un alcalde más

Parecía que, ante la ola de violencia criminal que vive el país, los mexicanos, salvo los familiares de las víctimas, habían perdido la capacidad de indignarse o conmoverse. Lo que en un país de la Unión Europea resulta poco frecuente y escandaloso, un asesinato, aquí ha sido lo normal, lo rutinario, lo esperado. En nuestro país, la muerte tiene permiso y nueve de cada diez homicidas dolosos quedan en la impunidad, y esa ominosa realidad parecía no sacudir conciencias ni corazones.

En lo que va de la autodenominada Cuarta Transformación han sido asesinados 32 alcaldes, 23 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y nueve, hasta ahora, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. A cada asesinato la resignación silenciosa era la respuesta de la comunidad; el mutismo, la del gobierno, y la impunidad, la de las fiscalías. Esas muertes ni siquiera ameritaban un lugar destacado en los diarios y los noticieros. Una interpretación frecuente era que el asesinato seguramente había sido perpetrado por un grupo contrario del grupo al que estaba vinculado el alcalde.

Un país resignado a esa barbarie es un país al que la rutina del horror ha vuelto apático, sometido sin chistar a una pesadilla que considera tan inevitable como la lluvia en el verano o los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Un país que aguanta lo inaguantable. Un país que no exige al gobierno que cumpla con su deber primigenio, que es brindar un grado aceptable de seguridad pública. Un país que colectivamente exclama, como el personaje de La región más transparente, de Carlos Fuentes: “Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer?”.

Por eso es un motivo de esperanza la reacción que los habitantes de Uruapan y otras ciudades michoacanas han tenido ante el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Porque no bastan las lágrimas. Es imprescindible que el dolor y la indignación se manifiesten en protesta, en reproche, en denuncia, en exigencia. Así lo han hecho miles de ciudadanos ante un crimen que no se cometió sólo contra la víctima directa, sino contra toda la comunidad.

Porque Carlos Manzo no era un alcalde más: enfrentó con valor heroico a los grupos criminales. Sabía bien que arriesgaba la vida. Y confesaba que sentía miedo —¿quién podría, en su situación, no sentirlo?—, pero su coraje y su sentido de la responsabilidad fueron mayores que ese miedo. Como a tantos otros alcaldes, el gobierno federal no le ayudó en su desventajosa lucha. No se trataba únicamente de asignarle escoltas. Se trataba de recuperar Uruapan y todo Michoacán, de devolverles a sus habitantes la vigencia efectiva del Estado de derecho. Manzo había reclamado a Claudia Sheinbaum: pidió el voto en Uruapan; no ha regresado como Presidenta de la República.

El 15 de septiembre, Carlos Manzo no dio el tradicional Grito con vivas a Hidalgo, Morelos y demás “héroes que nos dieron patria”. No, en lugar del grito tradicional, el alcalde lanzó vivas al policía municipal Vidal Brígido Guzmán, asesinado por un grupo criminal. Eso tuvo un alto valor expresivo en un país donde los policías son despreciados por sus jefes y por amplios segmentos de la población.

Más allá de algunas detenciones e incautaciones, el gobierno no puede presumir legítimamente logros en materia de seguridad pública. La estadística oficial reporta reducción de los homicidios dolosos, pero un aumento considerable de “atentados contra la vida” —es decir, homicidios dolosos que no se atreven a decir su nombre— y desapariciones, y no hay que tener una imaginación catastrofista para sospechar que casi todos los desaparecidos han sido asesinados. En Sinaloa se vive una guerra no declarada y sin fin con numerosos muertos. La extorsión ha aumentado en un porcentaje escandaloso. Quienes se oponen a ella, como el líder limonero asesinado Bernardo Bravo, son dejados a su suerte. Diversos grupos criminales controlan y dominan numerosas áreas del país: allí el Estado no ejerce la soberanía.

• Ante esta hecatombe, el gobierno anuncia un plan para Michoacán calcado del que Peña Nieto presentó hace 10 años sin obtener resultados alentadores. Tiene razón Sergio Sarmiento: acciones como dar becas a universitarios no parecen tener nada que ver con la violencia. Ni una palabra sobre la urgente profesionalización y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, y de los ministerios públicos.