La democracia resiste

Nada de eso asegura la democracia, lo cual debe quedarnos bien claro para no exigirle lo que no puede darnos. Un gobierno democrático puede ser eficiente o ineficiente, honesto o corrupto, capaz o incapaz, estar integrado por gente capacitada y con vocación de servicio o por acémilas que sólo quieren satisfacer su apetito de poder o su codicia.

Pero lo que sí nos da ese régimen es lo que resumió magistralmente Octavio Paz: “Ante todo debe aceptarse que la democracia no es un absoluto ni un proyecto sobre el futuro: es un método de convivencia civilizada. No se propone cambiarnos ni llevarnos a ninguna parte; pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos de los individuos”.

¿Eso es poco? Bueno, como advierte Fernando Savater, le resulta decepcionante al frenético, al visionario, al devoto de valores absolutos —sea el Orden, la Libertad o la Justicia— y a quien sueña con el “hombre nuevo”, el más vacuo de los mitos, coartada para eliminar masas ingentes de hombres “del plan antiguo”.

Pero la democracia es el proyecto políticamente más ambicioso de los compatibles con la cordura. La democracia supone, ante todo, la promoción y protección de los derechos humanos, la observancia estricta de la ley, la libertad de creencias y conductas, el freno al poder arbitrario, la división de poderes, la lucha contra la discriminación, la tolerancia, el diálogo civilizado con los disidentes, la libre expresión, la atención a las sugerencias y quejas de los sectores sociales que se consideren afectados por alguna acción u omisión del gobierno, el respeto a los organismos autónomos.

En un solo día, el martes de esta semana, tuvimos ejemplos magníficos de la relevancia del ejercicio democrático. A pesar de las presiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) de invalidar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no haber presentado comprobantes de gastos de precampaña. La ley ordena inequívocamente que no se registre como candidato a quien no cumpla con ese requisito. La ratio legis de la norma es la de determinar el origen de los recursos.

La resolución cobra especial relevancia porque, como se recordará, Salgado amenazó a los consejeros. En una actitud rufianesca preguntó a los asistentes al sitio con que se cercó la sede del INE si les gustaría saber el domicilio particular del presidente del instituto, y advirtió que, si no se le reconocía como candidato, irían a buscar a los consejeros a sus propias casas. Por su parte, el dirigente de Morena, Mario Delgado, amagó con someterlos a juicio político si no se doblegaban.

Asimismo, el Tribunal Electoral convalidó los criterios elaborados por el INE para evitar, tal como lo ordena la Constitución, que un partido tenga en la Cámara de Diputados una sobrerrepresentación mayor al 8% de la votación obtenida. Morena tiene actualmente una sobrerrepresentación del 15.7% respecto de los votos que logró en 2018.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por considerar que la exigencia de información biométrica a los usuarios vulnera los derechos personales.

El Presidente y el líder del partido en el poder reaccionaron airados. Su único argumento es que en una democracia el pueblo manda. Y, como sabemos, ellos se consideran la voz del pueblo. Pero, por encima de los designios de los poderosos, una democracia se mantiene en primer lugar por el acatamiento a la ley. La democracia mexicana resiste.