La captura de los poderes judiciales

Al riguroso análisis técnico de destacados juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre las iniciativas presidenciales de reformas a la Constitución, el Presidente reaccionó con intolerancia y majadería: “¿Qué se tienen que meter?”. Volvió a atacar a nuestra máxima casa de estudios e insultó a los autores: seguramente salieron con línea de los directivos, dijo, aunque reconoció que no había leído los textos porque son “predecibles”. Es decir, no refuta con razones, lo que nadie podría hacer sin leer lo que rechaza: ante la falta de argumentos, el Presidente agravia.

No comprendo el comunicado de la UNAM. ¿Por qué tenía que aclarar que los trabajos de sus investigadores no reflejan la posición institucional? Los autores de los análisis firmaron sus respectivos artículos: cada uno asume su texto. La UNAM no es un partido, una iglesia o una secta en donde no quepa más que el pensamiento único. La UNAM fomenta la pluralidad de posturas y ésa es una de sus más grandes virtudes. Aun si no comparte sus puntos de vista, el rector debió respaldar el ejercicio de libertad de expresión de los académicos.

Mis compañeros del Instituto “se meten” a analizar las iniciativas porque ésa es precisamente su tarea, entre otras. Son expertos que analizan las iniciativas de ley y de reformas legislativas, así como las normas jurídicas vigentes, no solamente en cuanto a su consistencia lógica y jurídica, sino también en cuanto a las consecuencias que, de ser aprobados, tendrían los proyectos de textos legales.

Los investigadores del Instituto se involucran en el tema porque es de enorme importancia para el país y, por ende, nos debe interesar a todos. ¿Por qué no habían de “meterse” los especialistas? ¿El Presidente cree que sus iniciativas están exentas de ser examinadas? Es la mentalidad de un dictador: que nadie ose cuestionar sus designios.

Por razones de espacio y de las prioridades de los gobiernos saliente y entrante, me referiré solamente a la iniciativa de reforma judicial. Es verdaderamente demencial. Echar de una patada a todos los jueces y magistrados del país e, incluso, a los ministros de la Suprema Corte, y sustituirlos por juzgadores que surgirían del voto popular sería un golpe de Estado no sólo contra el Poder Judicial federal, sino contra los poderes judiciales de las entidades federativas.

¡Voto popular! ¿Ustedes, lectores, conocen la trayectoria de sus diputados, si son honestos, si tienen buenas ideas? Los votantes no sabrían la trayectoria, la preparación, la idoneidad o inidoneidad de los candidatos a jueces. ¿Qué elementos tendrían para decidir por quién votar? Votarían a ciegas o por fidelidad partidaria.

Así ha sucedido en Bolivia, único país latinoamericano donde se elige a los jueces por voto popular. Como allí se sanciona a quienes no votan, los ciudadanos acuden a las urnas para evitar la sanción, pero siete de cada diez anulan su voto.

De los 30 aspirantes que serían elegibles —el Senado haría la selección—, 10 habrían sido propuestos por la presidenta, otros 10 por el Congreso —dominado por legisladores que han sido incondicionales del titular del Ejecutivo— por mayoría calificada y 10 más por el pleno de la Suprema Corte. Seguramente los adeptos al régimen, que ahora son mayoría, votarían por los candidatos propuestos por la titular del Ejecutivo y por el Congreso, lo que, sin ninguna duda, politizaría la elección en el peor sentido: los elegidos serían afines al gobierno. Adiós a la independencia del Poder Judicial. Adiós a la defensa de los gobernados frente a los abusos de poder.

Los actuales ministros de la Suprema Corte no podrían postularse a ocupar un sitial en el alto tribunal. ¿Qué razón hay para tal veto? Claramente se trata de una venganza contra la Corte por suspender normas inconstitucionales impulsadas por el Presidente de la República, es decir, por haber cumplido valerosamente con su deber.

Sé que hay juzgadores corruptos, juzgadores de consigna, juzgadores que se venden; pero, evidentemente, la solución no es hacer una purga total y reemplazar sin excepciones a quienes se han preparado durante muchos años y han ganado concursos de oposición por quienes obtengan mayoría de votos en elecciones ciegas. También hay juzgadores imparciales, valientes, capaces.

El objetivo no es la depuración, sino la captura y el sojuzgamiento de los poderes judiciales, la vía más directa a la dictadura.