Descenso al tártaro

En el preciso momento en que detuvo al profesor colombiano Leonardo Escobar en el aeropuerto de Monterrey, la Guardia Nacional estaba obligada a informarle que tenía derecho a que se notificara de la detención al consulado de su país y a facilitarle la comunicación con la oficina consular.

Esa notificación, que tiene el objetivo de garantizar la posibilidad de que los gobiernos presten servicios consulares adecuados y velen por los derechos de sus nacionales en los territorios de otros países, debe hacerse sin demora alguna. Este derecho está consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La Convención establece como función general de los cónsules la protección de los intereses de sus nacionales. Los funcionarios consulares tienen derecho al libre acceso para visitar a sus nacionales detenidos y para mantener con ellos comunicación permanente.

El profesor Escobar, académico de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, fue detenido el 31 de diciembre por agentes de la Guardia Nacional por “faltas administrativas” sin que se hayan precisado, hasta el momento en que escribo estas líneas, cuáles fueron esas faltas. En ese momento empezó su descenso al tártaro. Ha sido frecuente que viajeros colombianos llegados a México hayan sido retenidos en salas migratorias, extorsionados o deportados pese a cumplir con los requisitos de entrada al país.

¿El verdadero motivo de la detención fue que el profesor Escobar se negó a la extorsión? Si no, ¿cómo explicarse la furia de los guardianes que, una vez que lo habían privado de la libertad, lo golpearon tan brutalmente que le fracturaron tres costillas, lo cual ha sido comprobado médicamente? Dispusieron de tiempo suficiente para golpearlo sin demasiada prisa: la detención ocurrió cerca de las 17:30 horas y la presentación al juez, que debió ocurrir sin dilación, tuvo lugar hasta alrededor de las 20 horas.

El arresto del académico se cumplió en una celda de Apodaca. Las autoridades que ejecutaron esa sanción administrativa también tenían el deber de notificar al consulado colombiano. No lo cumplieron. Tampoco el de practicar al arrestado un examen médico pese a que estaba adolorido —con tres costillas fracturadas— y desorientado por la golpiza.

La policía de Apodaca asegura que Escobar fue detenido en el aeropuerto por “alterar el orden”, pero tampoco ha especificado en qué consistió esa alteración ni ha dicho nada sobre el incumplimiento de la notificación al consulado colombiano ni por qué la detención no apareció en el Registro Nacional de Detenciones.

Al quedar en libertad, el profesor regresó al aeropuerto y allí fue despojado de sus posesiones, lo que le impidió continuar su viaje hasta la Ciudad de México para, de aquí, trasladarse a Puebla, donde trabaja. La policía lo alejó de las instalaciones aeroportuarias. Y fue despojado de todas sus pertenencias excepto la ropa.

Alejado del aeropuerto, sin dinero, sin documentos, sin comida, sin agua, con la conciencia alterada, en una situación de calle, deambuló sin rumbo durante cuatro días al cabo de los cuales se guareció del frío y del sol entre matorrales hasta que fue encontrado, desvariando, por verdaderos ángeles de la guarda: personal de la clínica Félix, a donde fue llevado y donde por fin se le brindó asistencia humanitaria.

En ese centro de rehabilitación permaneció en tal estado de confusión que ni siquiera recordaba su nombre. No hablaba ni daba detalles de su identidad. No fue sino hasta el 15 de enero que empezó a recordar quién es y lo que le había sucedido.

Nada de eso hubiera pasado si las autoridades responsables de la detención y del cumplimiento de su arresto hubiesen cumplido con su deber de notificar al consulado colombiano. Hacerlo era muy sencillo: bastaba con marcar un número telefónico y escribir unas cuantas líneas.