Mañana se cumple un siglo de que los obispos mexicanos suspendieron el culto público como protesta ante la entrada en vigor de la llamada “ley Calles” —Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa—, que al reglamentar artículos constitucionales imponía severas restricciones y controles a la Iglesia Católica y sus ministros. Entre otras cosas, se obligaba a los sacerdotes a registrarse ante las autoridades, limitaba su número por región, prohibía que los extranjeros ejercieran el sacerdocio y proscribía que las iglesias tuviesen escuelas primarias.
La respuesta del gobierno a la suspensión dispuesta por los obispos fue implacable: no sólo prohibió el culto, sino también la administración de los sacramentos en casas particulares, y ordenó la clausura de templos y centros religiosos, escuelas, hospitales, orfanatos, leprosarios, conventos, asilos y toda entidad que dependiera de la Iglesia. Asimismo, ordenó la expulsión de sacerdotes extranjeros y del delegado apostólico, la detención de curas y el encarcelamiento de los líderes de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas.
Por otra parte, sindicalistas partidarios del gobierno, con la simpatía del presidente, pretendían crear la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una Iglesia cismática que desconocía la autoridad del Papa y de la Santa Sede. Se buscaba una Iglesia subordinada al Estado.
Así se daban las condiciones para la movilización de los católicos. La Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas inició un boicot contra el gobierno proponiendo que dejaran de pagarse impuestos y de consumirse productos creados por el Estado. El 1º de enero de 1927 dio comienzo en los Altos de Jalisco el levantamiento armado conocido como Guerra Cristera.
El levantamiento se extendió a zonas rurales de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Yucatán. Los alzados fueron principalmente campesinos cuyos gritos de guerra eran “¡Viva Cristo Rey!” y “¡Viva Santa María de Guadalupe!”. Evidentemente, su capacidad militar era muy inferior a la del Ejército mexicano. Aun así, la guerra duró tres años, de 1926 a 1929. Algunos cálculos señalan que produjo un cuarto de millón de muertos.
La historia oficial ha minimizado, e incluso soslayado, la Guerra Cristera, pues fue un desafío popular —campesinos que defendían su religión— a la política anticlerical del gobierno. En la educación básica pública se ha presentado como un breve episodio producto del fanatismo y de la manipulación de los cristeros por la jerarquía eclesiástica, los hacendados enemigos de la reforma agraria y/o las compañías petroleras. Varios académicos comparten esa visión.
La Cristiada de Jean Meyer (Siglo XXI Editores) es una crónica y un análisis extensos y detallados de esa terrible confrontación fratricida entre campesinos y el gobierno revolucionario. Meyer, nacido en Niza, Francia, y nacionalizado mexicano, emprendió una investigación profunda que incluyó numerosas entrevistas a sobrevivientes de la contienda. En esa admirable obra —más de mil páginas distribuidas en tres volúmenes— sostiene, contra la versión oficial, que la cristiada —palabra ausente del Diccionario de la Real Academia Española— no fue un movimiento manipulado, sino un levantamiento popular en defensa de la religión de los combatientes.
No es exagerado decir que La Cristiada es, como La Ilíada de Homero, la historia de una tragedia, la tragedia de los cristeros que arriesgaron o perdieron la vida por defender su fe contra un enemigo, el Estado mexicano, frente al que no tenían posibilidad alguna de triunfo. La palabra Cristiada fue una invención popular. La lucha que designa el vocablo fue una lucha igualmente popular.
El grito de “¡Viva Cristo Rey!” sigue escuchándose en Los Altos de Jalisco en festividades que forman parte del folclore y son símbolo de la resistencia en defensa de la fe. Ya no es un grito de guerra, sino una manifestación de fervor religioso, memoria histórica y tradición cultural profundamente arraigada.