Caer peleando

A veces en la vida hay que saber luchar

no sólo sin miedo, sino también sin esperanza.

Alessandro Pertini

“La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, ominoso anuncio de que no acataría una resolución de nuestro máximo tribunal que invalidara esa reforma. Sus senadores y diputados incondicionales pretenden que, en efecto, las reformas constitucionales sean inimpugnables.

Todos los dictadores, al cometer sus atropellos, los han querido justificar asegurando que esa es la voluntad del pueblo. En una democracia no es admisible ningún atropello a los gobernados, aunque lo respalde el pueblo. La democracia no es sólo la elección mayoritaria de gobernantes y legisladores, sino también la observancia de un conjunto de principios básicos, como la vigencia efectiva de los derechos humanos y la división de poderes, la cual supone la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces. Son principios inamovibles en un régimen democrático.

Por supuesto que el Poder Judicial puede invalidar, en un Estado democrático de derecho, las decisiones mayoritarias que vulneran los derechos de las minorías o, incluso, los de un solo individuo. Los derechos humanos se protegen también contra las decisiones de la mayoría y, todavía más, contra las de una comunidad completa.

Asentado que el pueblo no puede legítimamente pasar por encima de los derechos de persona alguna, preguntémonos qué es el pueblo: ¿el conjunto de los habitantes de un territorio, la mayoría de esos habitantes o solamente aquellos que comparten cierto proyecto político? Un gobierno o un proyecto que hoy tienen apoyo mayoritario pueden perderlo en el futuro. ¿Los ciudadanos que respaldaron a ese gobierno o ese proyecto dejarían de ser pueblo porque ya no son mayoría?

Por otra parte, es falso que el pueblo —en cualquiera de sus acepciones— haya manifestado su apoyo a la reforma judicial. En las elecciones del pasado 2 de junio no había en la boleta una pregunta al respecto. En algunas plazas públicas la candidata oficialista preguntaba a los asistentes si querían que los jueces fueran elegidos por voto popular. Se levantaban las manos; pero esos miles de participantes en el mitin no representan a las decenas de millones de habitantes del país.

Claudia Sheinbaum obtuvo la mayoría de votos de la elección presidencial, pero la suma de los ciudadanos que votamos por la oposición y de los que se abstuvieron de votar es mayor que la cantidad de quienes votaron por la hoy Presidenta. ¿Esos votantes, la mayoría de los ciudadanos, no son pueblo?

En las elecciones legislativas los partidos oficialistas obtuvieron aun menos votos que la doctora Sheinbaum. Solamente una decisión canallescamente fraudulenta del INE y el Tribunal Electoral federal les dio la mayoría calificada no ganada en las urnas, con lo que pueden reformar la Constitución. Pero esas reformas no pueden vulnerar los derechos humanos ni transgredir los principios fundamentales de la democracia.

¿Recuerdan que Mario Delgado, entonces presidente de Morena, presentó denuncia penal contra los diputados que votaron contra la iniciativa presidencial de contrarreforma eléctrica, acusándolos de traición a la patria? ¿Y si los legisladores oficialistas decidieran introducir en la Constitución, dinamitando la inmunidad de diputados y senadores, que votar contra una iniciativa presidencial es delito de traición a la patria, que amerita prisión preventiva oficiosa? ¿Nada podría hacerse contra tal aberración? ¿La Suprema Corte, garante de los derechos humanos, no tendría más que cruzarse de brazos y aceptar resignadamente tal barbaridad?

La reforma judicial, como lo dijo la admirable ministra presidenta Norma Piña, demuele a los poderes judiciales del país. Es también la aniquilación de la democracia. Creo que, aunque sea una batalla perdida —el poder fáctico lo tiene la Presidenta de la República—, la pelea tiene que darse: mejor ser vencido luchando —“no te sientas vencido ni aun vencido”, escribió el poeta argentino Almafuerte— que rendirse sin luchar. La Corte no debe entregarse pasivamente a la guillotina. Si van a desaparecerla como auténtico tribunal constitucional, que desaparezca peleando, ¡carajo!, librando contra la dictadura la batalla por la democracia, por la división de poderes, por la independencia judicial, por los derechos humanos.