Autoridad vengativa por encima de la ley
Natalie Kitroeff procedió como deben hacerlo los buenos reporteros: al entregarle un cuestionario al Presidente acerca del reportaje de ella misma en el que revela que el gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados suyos con cárteles de la droga después de 2018, le estaba otorgando al principal involucrado en el reportaje el derecho de réplica, la oportunidad de desmentir, aclarar o contextualizar lo que en el reportaje se señala.
¿Cuál era el objetivo del Presidente al divulgar, violando la ley, el número del teléfono privado de la periodista Natalie Kitroeff del New York Times? ¿Para qué lo hacía? ¿Qué buscaba con esa conducta ilegal? Al dar a conocer ese número telefónico exponía a la periodista a los insultos y las amenazas de la jauría que se solaza agrediendo impunemente con mensajes anónimos a quienes el caudillo muestra su rechazo.
Cuestionado por Jésica Zermeño, de Univision, sobre si volvería a presentar un teléfono privado de un comunicador, el Presidente contestó de forma inaudita: “Claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del Presidente de México”. Estupefacta por esa contestación, la reportera insistió: “¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?”. El interpelado sostuvo: “No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política”.
No, un Presidente no defiende su autoridad moral y su autoridad política, como pretende Andrés Manuel López Obrador, violando la ley. Al contrario: el proceder ilegal le resta autoridad moral y autoridad política al Presidente y a cualquier servidor público. El cumplimiento de la ley es un deber de todos, exigible con mayor razón a los servidores públicos. El Presidente, por razones obvias, es el más obligado a esa observancia.
No es la primera vez que López Obrador transgrede la legalidad en perjuicio de un periodista. No sólo ha prodigado insultos y calumnias a informadores y columnistas. Todos recordamos cuando exhibió los supuestos ingresos económicos de Carlos Loret de Mola, el comunicador al que más detesta por la información que en Latinus ha publicado de la corrupción en su gobierno y su entorno familiar, incluyendo a sus hermanos y sus hijos, y ahora abusivamente demandado por Pío López Obrador, que exige el pago ¡de 200 millones de pesos!
¿En qué preservaba o reforzaba la autoridad moral y política del Presidente la divulgación del número telefónico de Natalie Kitroeff? ¿Al violar ostensiblemente la ley y poner en riesgo a una reportera López Obrador estaba defendiendo su autoridad moral y su autoridad política? ¿La autoridad moral y política la defiende un gobernante con conductas ilegales? Extraña defensa.
Natalie Kitroeff procedió como deben hacerlo los buenos reporteros: al entregarle un cuestionario al Presidente acerca del reportaje de ella misma en el que revela que el gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados suyos con cárteles de la droga después de 2018, le estaba otorgando al principal involucrado en el reportaje el derecho de réplica, la oportunidad de desmentir, aclarar o contextualizar lo que en el reportaje se señala.
Acostumbrado a los paleros que asisten a sus conferencias mañaneras, el Presidente enfureció. Acusa de injerencista al New York Times, al que se ha referido como “pasquín inmundo”, como si un diario no debiese publicar una nota relativa a un país que no sea el propio. Se tendría que cancelar la sección de internacionales en todos los periódicos del mundo.
La irresponsable conducta del Presidente ocasionó que también se difundieran en redes sociales los números telefónicos de su hijo José Ramón y de las candidatas a la Presidencia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y los tres recibieran una andanada de insultos.
El Presidente tendría que pedir una disculpa por su torpe e ilegal acción, lo que sería meritorio: siempre es plausible aceptar que se cometió un error. Pero no lo va a hacer: los políticos son poco dados a reconocer sus pifias —muy pocos, a lo largo de la historia, han ejercido la saludable autocrítica—, y un político como él, a quien sus legisladores han elevado a la altura de la encarnación de la patria, la nación y el pueblo, no admitirá que se equivocó.
El Presidente seguirá figurándose que, envuelto en la bandera nacional, puso en su sitio a una extraña enemiga que osó profanar la investidura presidencial con dos pecados imperdonables: realizar un reportaje que le incomodó y pedirle su punto de vista sobre lo que en ese trabajo se da a conocer.