Atropello a la razón

El Presidente y sus legisladores incondicionales están dispuestos a destruir todo lo que en su visión fanática forma parte del reciente pasado neoliberal o no encaja en su proyecto político o su visión ideológica. Así, están destruyendo muchas cosas que son altamente apreciables. Para hacerlo no tienen argumento alguno sino la cantaleta del combate a la corrupción. Como advierte Sergio Sarmiento (Reforma, 21 de octubre), con esa excusa el gobierno ha tomado inauditas decisiones: canceló la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México indemnizando a quienes participaban en el proyecto con dinero del erario y del derecho de uso del viejo aeropuerto, y canceló el sistema de licitación y distribución de medicamentos para el sector público generando un grave desabasto de esos bienes de primerísima necesidad.

Otros muchos ejemplos podrían citarse de la devastación que ha llevado a cabo el actual gobierno siempre con la coartada del combate a la corrupción, entre ellos la eliminación de las estancias infantiles que dejó a cientos de miles de niños sin un espacio seguro en el que se les alimentaba y educaba mientras sus madres trabajaban o estudiaban. Pero en ningún caso, en ninguno, el gobierno ha exhibido pruebas de esa corrupción ni ha presentado las denuncias a que estaría obligado en caso de que dispusiera de indicios de que se hubiese cometido algún delito.

Al suprimirse ahora 109 fideicomisos porque, según el Presidente, en algunos de ellos había corruptelas, no se señala una sola prueba al respecto. Una vez desaparecidos, el Presidente ha ordenado a su consejero jurídico que los audite. Insólito: desaparézcanlos primero y después investiguen si en su manejo hubo algo indebido. Una verdadera inversión del procedimiento razonable: la pena de muerte antecedió a la investigación de culpabilidad y se aplicó al universo de los fideicomisos, no a aquellos en los que se encontrase alguna anomalía.

Entre los fideicomisos extinguidos están los de cooperación internacional en ciencia y tecnología, innovación tecnológica, desastres naturales, cine, deporte de alto rendimiento, investigación ambiental, víctimas, cambio climático, protección a defensores de derechos humanos y periodistas, investigación para la educación…

Todavía en la víspera de la votación en el Senado, más de 700 científicos de universidades del mayor prestigio internacional —las de Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, entre otras— instaron a los senadores a votar en contra, pues la desaparición de los fideicomisos es un duro golpe para la ciencia y la tecnología.

“Los fideicomisos dan soporte económico —argumentaron los científicos— a proyectos de investigación multianuales, y son pilar fundamental para el mantenimiento de infraestructura, equipo y tecnologías de la información de instituciones académicas de excelencia a nivel mundial. Si se suprimen los fideicomisos, se cerrarán las puertas a nuevas aportaciones económicas de este origen para apoyar investigaciones futuras en los centros públicos de investigación. Nos preocupa que se limitará considerablemente la colaboración con los colegas mexicanos”.

No han sido escuchadas ni la comunidad científica mexicana ni la internacional. Tal vez se deba a que el Presidente siempre ha mostrado una extraña aversión a quienes se dedican al estudio. Es inolvidable su declaración de que quienes realizan estudios de posgrado en el extranjero lo hacen porque con los títulos obtenidos podrán robar más. Pero el Presidente y los legisladores no sólo desoyeron a la comunidad científica, sino también a los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista y demás afectados con la medida. A todos los injurió: “Quienes defienden los fideicomisos defienden la corrupción”.

Reitero: la razón fue atropellada.