En México, las altas temperaturas, las sequías y los incendios forestales son cíclicos. Y los olvidos estructurales, también.
En materia de agua, las advertencias empiezan a brincar, aunque las cifras de almacenamiento hasta la primera quincena de febrero pasado pueden interpretarse con cierta tranquilidad, pues el llenado de las 210 presas del país se ubica en 67% respecto al 43% registrado en el mismo mes del año pasado.
Sin embargo, las altas temperaturas en este invierno, que han sorprendido a muchos, pueden leerse como el presagio de meses calurosos, secos y evaporación de los cuerpos de agua superficiales —llámense presas, ríos o lagos—, sobre todo en las regiones norte y centro del país.
La sequía, que en febrero del año pasado afectaba 41.8% del territorio bajo algún grado de intensidad, hoy se reduce a 6.9%, de acuerdo con el reporte más reciente del Monitor de Sequía en México. Otra vez, las cifras a simple vista reflejan alivio, pero si no se analizan las tendencias históricas, si los estados y los municipios no toman en cuenta esos datos o si se confían en que hay agua en las presas, el estiaje traerá molestias a la población, además de problemas relacionados con la salud y el cultivo de alimentos.
Frente a esa mejoría de llenado de presas y sequía focalizada en menos de 7% del territorio nacional, se asoma una verdad incómoda: la fragilidad hídrica no ha desaparecido y no lo hará mientras continúe el desperdicio y el desorden en los tres niveles de gobierno. El monitor de sequía y agua en presas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con base en los datos de la Conagua, recuerda que, gracias a dos frentes fríos, hubo lluvias que ayudaron a disminuir las condiciones anormalmente secas en Chihuahua, pero el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas mostró aumentos de sequía moderada a extrema; mientas la Península de Yucatán (Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán) también reportó deterioro.
Jamás hay que perder de vista que el desorden climático amplifica los extremos. Sequías más prolongadas, lluvias más concentradas y huracanes más intensos. La sequía en el país no es homogénea, es un mosaico que se recompone cada temporada, desplazando el riesgo de una región a otra.
En este tablero desigual, el caso de Sinaloa es paradigmático. Las presas, que hace un año estaban en un crítico 11.7% de llenado, hoy alcanza 28.1%, es decir, más del doble, pero sigue siendo menos de un tercio de su capacidad total.
En el corazón agrícola de México, ese porcentaje no es una cifra técnica, es la línea que separa un ciclo productivo viable de una temporada de incertidumbre para miles de productores.
La recuperación parcial no borra el hecho de que el almacenamiento sigue siendo insuficiente para garantizar estabilidad en el ciclo agrícola. Pese a la mejora interanual, la disponibilidad de agua continúa siendo limitada y dependiente de la evolución de las lluvias en los próximos meses. En otras palabras, seguimos atados al capricho de las nubes.
La paradoja mexicana es que, mientras 14 presas registran llenados superiores a 100%, otras regiones operan al borde del estrés hídrico. El promedio nacional oculta disparidades profundas. Estados como Michoacán (90%) y Jalisco (74%) muestran niveles relativamente altos, pero el norte agrícola —estratégico para la producción de granos— aún enfrenta vulnerabilidades.
Es ahí donde el riesgo hídrico se transforma en riesgo alimentario.
El sector agropecuario utiliza alrededor de tres cuartas partes del recurso disponible. Cuando las presas bajan, la primera consecuencia es la reducción de las superficies cultivadas; la segunda, se encarecen los alimentos de la canasta básica y, la tercera, la presión inflacionaria que impacta en los hogares urbanos, que rara vez se ponen a pensar en el origen del maíz y otros alimentos que llegan a la mesa.
En los últimos tres años la lección fue dolorosa. La combinación de sequía extrema y altas temperaturas redujo rendimientos y obligó a incrementar importaciones en algunos granos estratégicos. Este 2026 arranca con mejores números, pero no necesariamente con mejores cimientos.
El problema es la gestión hídrica permanentemente reactiva. Se celebra cuando las presas suben; se alarma cuando bajan y se habla de un día cero. Pero rara vez se transforma el modelo de fondo, infraestructura obsoleta, pérdida en redes urbanas que superan 40% en ciudades como la CDMX, sobreexplotación del agua subterránea y una política agrícola que aún privilegia cultivos altamente demandantes del recurso en regiones con carencia estructural.
La bancarrota hídrica del país es, esencialmente, un riesgo de gobernanza. No se trata sólo de cuánta agua cae, sino de cómo se almacena, distribuye, usa y se protege. La ausencia de información actualizada en algunas entidades también revela brechas en transparencia y coordinación institucional. Sin datos oportunos y completos, la planeación es una apuesta a ciegas.
En cuanto a los alimentos, el desafío es doble. Por un lado, garantizar agua suficiente para los distritos de riego; por otro, acelerar la transición hacia prácticas más eficientes, como la tecnificación del riego, reconversión productiva, manejo integral de cuencas y tratamiento de aguas residuales. Cada hectómetro cúbico desperdiciado hoy es un costo acumulado mañana. El alivio estadístico de febrero no debería anestesiar a los tomadores de decisiones ni mucho menos a la población. La sequía pasó de 41.8% a 6.9% en un año, pero el clima no negocia con calendarios políticos ni con ciclos presupuestales. La historia reciente muestra con las últimas temporadas secas que cualquier recuperación puede revertirse.
México no sale de la encrucijada hídrica, con todo y una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.