El carbón ya fue… es ceniza

Aún hay naciones que se aferran al uso del carbón. Si bien fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, es momento de dejarlo en las minas y darle paso a las energías renovables, pues son el instrumento eficaz para contrarrestar los efectos de la crisis climática.

A partir del carbón se levantaron infinidad de fábricas y su uso en la generación de electricidad no ha parado, pues es abundante y barato, pero, a la vez, es uno de los combustibles fósiles más contaminantes.

Gracias a la ciencia se sabe que el carbón alimenta de manera importante las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo mismo contribuye al calentamiento global.

Las plantas para generar electricidad a base de la combustión de carbón (carboeléctricas) son responsables de la emisión de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre.

Esos gases contaminan el aire y los estudios apuntan al desencadenamiento de enfermedades como asma, padecimientos pulmonares, cáncer y problemas neurológicos, además de impactos ambientales.

Las carboeléctricas también emiten carbono negro, mejor conocido como hollín, el cual es uno de los contaminantes climáticos de vida corta más peligrosos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el hollín, “al igual que el metano, calienta la atmósfera más intensamente que el CO2; existe evidencia de que el potencial de calentamiento global del carbono negro es muy alto… y tiene un gran impacto en la salud de la población”.

Otro efecto de las carboeléctricas es la contaminación por ozono, pues, al interactuar con el calor y la luz solar, se forma smog, el cual afecta las vías respiratorias, sobre todo a nivel pulmonar.

En octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas advirtió que, para evitar la peor devastación, la economía global requeriría una gran transformación en un lapso relativamente corto.

Ese cambio no es más que transitar hacia las energías renovables y erradicar el uso del carbón y de los demás combustibles fósiles, pero eso no está siendo ni fácil ni rápido.

El uso de carbón, en específico, no mengua.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el carbón sigue siendo un combustible relevante en muchos de los sistemas energéticos del mundo y representa la friolera del 40% de la generación de electricidad y ese mismo porcentaje en las emisiones de dióxido de carbono. En 2018 hubo un repunte de 1.4% en la demanda global, el año pasado bajó levemente, pero no se pronostica que la tendencia continúe por ese camino, pues se prevé que la demanda sea estable en los próximos cinco años, lo cual no va con los objetivos del Acuerdo de París.

En Europa, algunos estados de la Unión Americana —a pesar de Donald Trump— y en Chile están cerrando carboeléctricas y minas, pero China, India y otros países de Asia lideran el consumo de carbón, por lo cual se vislumbra que este combustible sucio conserve su estatus de mayor fuente de producción de energía en el mundo.

En la COP23 de Bonn, Alemania, 20 países, liderados por Reino Unido (Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Italia y México, entre otros), se comprometieron a la creación de la Alianza por un futuro energético sin carbón, cuya finalidad es cerrar, gradualmente, las carboeléctricas.

Unos están cumpliendo y otros no. México, por ejemplo, no lo va a hacer. El gobierno federal tiene otros… fines.

Como se recordará, en campaña, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a la construcción de una carboeléctrica para la generación de electricidad.

Aunque sigue en proyecto, lo que sí es un hecho es el combate a las energías renovables y el querer privilegiar la quema de carbón para generar electricidad, para lo cual la CFE comprará más de dos millones de toneladas de carbón a productores de la región carbonífera de Coahuila.

En esa decisión se contó con la intermediación del senador por Morena Armando Guadiana, quien, además, es empresario en el sector minero, con lo que en realidad está abogando por su beneficio personal.

El gobierno olvida el compromiso suscrito con el Acuerdo de París y está estipulado su cumplimiento en la Ley General de Cambio Climático.

Además, no puede hacer a un lado la ley, pues lo obliga a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, crear políticas públicas para la adaptación y mitigación al cambio climático y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente.

Privilegiar el uso del carbón es dar un salto al pasado e ir contra la salud de los mexicanos, además de incumplir compromisos globales para mitigar el peligroso cambio climático. ¿Y la Semarnat, dónde está?