A lo largo de 200 años de historia, el Congreso de la Unión ha tenido en sus escaños y curules a legisladores impresentables, como Luis N. Morones, antiguo líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y diputado federal,a quien en enero de 1924 se le atribuyó la muerte del senador campechano, Francisco Field Jurado, entonces crítico del presidente Álvaro Obregón.
En el año de 1994, el nombre de otro legislador federal resonó por todos los rincones del país: el diputado federal Manuel Muñoz Rocha, por su involucramiento en el asesinato del entonces secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu. Desde entonces no se supo más de su existencia.
Un caso más reciente, en 2021, el diputado morenista Saúl Huerta, fue acusado de abuso sexual a menores de edad; la Cámara de Diputados le quitó la inmunidad procesal y está en la cárcel.
Claro que los personajes polémicos en el Congreso de la Unión incluyen a enriquecidos líderes obreros y a políticos que debían su paso por un escaño o una curul al papel de legitimadores del poder homogénico del PRI.
Pero lo ocurrido el 29 de abril de este 2026 es nuevo en la historia de legisladores y la colusiones de políticos con el crimen organizado, porque por primera vez el gobierno de Estados Unidos acusó directamente a 10 políticos del partido oficialista Morena, entre ellos a un senador de la República: Enrique Inzunza.
Esta es la primera vez que un senador de la República es acusado de nexos con el crimen organizado, en concreto con el Cártel de Sinaloa, por el gobierno de Estados Unidos, pero, además, fue señalado por uno de los narcotraficantes más poderosos del país: El Mayo Zambada, de ser parte de ese cártel, de estar involucrado en el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén y en el expediente de Estados Unidos está señalado por ser señalar a las personas a quienes debían matar o secuestrar.
Enrique Inzunza presidió el Poder Judicial en Sinaloa, fue secretario general de Gobierno de Sinaloa y ahora preside la Comisión de Estudios Legislativos del Senado.
Decidió no solicitar licencia de su cargo, para mantener intacta su inmunidad procesal, llamada fuero, aunque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación definió hace años que un legislador con licencia puede ser investigado, pero no detenido; es necesario que le quiten el fuero.
El 10 de agosto de 2021, el diputado Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la Ciudad de México, solicitó licencia para separarse del cargo y el 11 de agosto el pleno de la Cámara de Diputados le sometió a juicio para quitarle la inmunidad procesal; no fue detenido, porque se fue del país.
El senador Inzunza argumenta que los cargos en su contra no tienen sustento y su coordinador parlamentario, Ignacio Mier, decidió no convocarlo a las sesiones de la Comisión Permanente, a donde lo colocó como uno de los nueve senadores titulares justamente horas después de conocerse la acusación de Estados Unidos en su contra.
Dentro de la bancada de Morena existen decenas de voces que consideran que su compañero debe solicitar licencia, pero como es una decisión exclusivamente de él, la opción política se centró en que no será convocado para que asista a la Comisión Permanente, pero tarde o temprano tendrá que regresar al Senado, porque a partir de septiembre ya le aplican las reglas de ausentismo y anulación de su cargo si suma 10 ausencias a las sesiones del pleno.
En la antesala del proceso electoral de 2027, entre los senadores morenistas hay preocupación que Inzunza pueda convertirse en un grillete para el partido, al usarse como bandera electoral de la oposición; por eso quieren que solicite licencia, pero él ha dejado en claro que no escuchará sugerencias ni acatará imposiciones.
Se mantendrá instalado en la comodidad de la inmunidad procesal que le otorga su escaño, salvo que exista quién lo pueda obligar a irse de licencia.