El gran poder de los Comités de Evaluación

Con la publicación de la convocatoria del Senado, el proceso de elección de juzgadores federales está en marcha.

Se desarrolla entre el desacato judicial de instituciones como el propio Senado, la lucha constante de los juzgadores para frenar este mecanismo que, con base en una tómbola, decidió el futuro de 711 mujeres y hombres magistrados de Circuito y jueces de Distrito y la traición del Consejo de la Judicatura Federal a su propia naturaleza, al violar una suspensión provisional que le impedía entregar información al Senado.

Pero mientras los litigios judiciales y las decisiones se enfrentan en la arena mediática, se incuba el mayor poder emanado de la reforma al Poder Judicial: los Comités de Evaluación que deben tener cada uno de los tres Poderes de la Unión.

Los Comités de Evaluación son el gran poder en esta nueva forma de elección de juzgadores, porque cada comité “recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

Además, “integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito.

“Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado”, dicen los incisos b y c del numeral II del artículo 96 constitucional.

Es decir, los comités son los que evaluarán a los aspirantes y decidirán quiénes serán los cinco mil 379 candidatos que estarán en las boletas el próximo año; es decir, éstos serán los que determinen quiénes serán nuestros próximos jueces de Distrito, magistrados de Circuito, magistrados electorales, magistrados de Disciplina y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A mí me parece eso un severo retroceso, porque resulta que no se quiere que el Senado sea quien decida ministros y magistrados electorales, a pesar de que son 128 personas que fueron elegidas por el pueblo, que son los representantes constitucionales del pueblo mexicano, y se optó por un grupo de personas que serán designados por la cúpula de los Poderes de la Unión.

Pero, además, a los legisladores se les olvidó definir el perfil de quiénes pueden integrar estos Comités de Evaluación y en la Constitución sólo pusieron que “cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica”.

¿Cuáles son los parámetros para considerar a una “persona reconocida en la actividad jurídica”?, ¿reconocida por quién?

Un ejemplo. A muchos puede parecerles que el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro o las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, o los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez son personas “reconocidas en la actividad jurídica”, pero para el oficialismo no lo son.

¿Quiénes serán los 15 integrantes de los Comités de Evaluación, cinco por cada uno de los Poderes de la Unión?

¿Eduardo Andrade, Jaime Cárdenas, Hamlet García Almaguer, Juan Ramiro Robledo? Son considerados como “persona reconocida en la actividad jurídica” por Morena.

¿Quién decidirá los nombres de nuestros próximos juzgadores?, porque el pueblo sólo los validará.