¡Agarren al violador!, grita el violador

La conocida proclividad al maniqueísmo por parte de una porción del grupo de poder que hoy domina el Legislativo y tiene incidencia en el Ejecutivo ha tenido diversos momentos de exhibición pública desde que se desarrolla el inédito proceso de elección de los juzgadores federales, pero en los primeros días del año se agudizaron.

Ante la presentación de numerosos recursos de amparo, el oficialismo morenista instruyó a sus leales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a allanar el camino del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, sin sustento constitucional alguno, le autorizara la insólita libertad de desacatar una orden judicial y continuar con el proceso de elección de los juzgadores federales.

“No proceden los amparos en materia electoral”, “es improcedente la suspensión del hecho reclamado en materia electoral”, constantemente dicen los integrantes de ese grupo de afanosos simpatizantes del maniqueísmo, que, en este caso, señalan a quienes buscan la protección de la ley como los equivocados y se autoasumen como los únicos que tienen la razón.

Pero resulta que en su lógica, a veces sí procede la suspensión del acto reclamado, si y sólo si cuando así conviene a sus intereses.

Lo vimos con la insistente respuesta que Nacional Financiera, que es parte de la Secretaría de Hacienda, de negarse a entregar al Poder Judicial el dinero de los fideicomisos que se crearon para fondear las pensiones de su personal y que no causaran mayor peso a las finanzas del Estado mexicano, sino que los propios trabajadores, de todos los niveles, aportaran para jubilaciones más acordes con el salario histórico que devengaron.

Dice Nacional Financiera que no puede entregar el dinero, porque existen juicios de amparo abiertos que ellos no pueden violar. Claro que dirán los maniqueístas que esto no es un tema electoral, sino un tema financiero y, por lo tanto, se está en la obligación de respetar el proceso judicial abierto, derivado de juicios de amparo.

Lo cierto es que no quieren entregar el dinero al Poder Judicial y lo quieren usar para asuntos públicos.

Otro de los momentos que muestran esta afición al maniqueísmo fue cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial, único integrado por juristas reconocidos dentro y fuera del país, sin filias ni fobias políticas, anunció que suspendía el proceso de elección de los candidatos que propondrá para la elección de junio, en apego a una suspensión ordenada por un juicio de amparo.

Sí. Un juicio de amparo igualito al que utiliza Nacional Financiera para no entregar el dinero del Poder Judicial, ahora es el motivo por el cual no se debe proceder con el proceso electoral, según orden judicial a los tres Comités de Evaluación, pero que sólo ha acatado el del Poder Judicial.

Ah, pero resulta que los mismos actores políticos que celebran el apego de Nacional Financiera para respetar un juicio de amparo, condenan al Comité de Evaluación del Poder Judicial por acatar una suspensión ordenada en un juicio de amparo.

Entonces, ese grupo político proclive a acomodar sus juicios y condenas en función de sus intereses salió a atacar al Comité de Evaluación del Poder Judicial y a acusarlo de violar la Constitución al suspender el proceso electoral del Poder Judicial.

¿Y qué hizo? Anunciar que los comités de Evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo atraerán el listado de los aspirantes inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial para que puedan participar en las elecciones.

¿Eso se puede? Claro que no. Ni una sola frase de la Constitución abre el camino para que esto suceda, pero este grupo político considera que al tiempo que acusa que otros violan la Constitución, él puede hacerlo con libertad e impunidad.

En resumen. Un grupo político que tiene presencia en el poder y que grita: “¡Agarren al violador!”, pero que él mismo es un violador de la Constitución.