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No debe cancelarse el nuevo aeropuerto

Leo Zuckermann

Leo Zuckermann

Juegos de poder

En los dos últimos días, he escrito acerca de dos de los proyectos de inversión pública prioritarios para el siguiente gobierno: La construcción de una nueva refinería en Tabasco y la modernización de los puertos, carretera y ferrocarril del corredor del Istmo de Tehuantepec. Dos propuestas que costarán miles de millones de pesos, pero cuya rentabilidad económica no está asegurada. Del otro lado, tenemos un proyecto, iniciado durante esta administración, que sí cuenta con viabilidad financiera: El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Durante su campaña, López Obrador prometió cancelarlo. Era, al parecer, una postura política eficaz para atraer votos. Y es que 70% de los mexicanos nunca ha viajado en avión y, por tanto, no les interesa —y hasta puede molestarles— la construcción de un nuevo aeropuerto. Sin embargo, la cancelación del NAICM es una mala idea.

A diferencia de la refinería y del corredor del Istmo, el NAICM tiene una rentabilidad asegurada. Es un buen negocio que generará los flujos de efectivo suficientes para su financiamiento. Incluso, en el largo plazo, hasta podría generar utilidades.

La construcción se está haciendo con una mezcla de recursos públicos y privados. De los 13 mil millones de dólares que costaría (es lo presupuestado, aunque, como en todas las obras, podría incrementarse), un 30% lo pondrá el gobierno y un 70% fuentes privadas.

Para conseguir el financiamiento privado se emitieron bonos garantizados con los ingresos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Se trata de un impuesto, de los más altos que existen en el mundo, que se cobra a los viajeros. El año pasado se colocaron bonos a 10 y 30 años por seis mil millones de dólares que tuvieron una alta demanda consiguiendo tasas de interés razonablemente buenas. Además, se colocó un Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) del NAICM que recaudó otros 30 mil millones de pesos de inversionistas institucionales.

En el esquema actual, el propietario del activo es y será el gobierno federal. La inversión privada eventualmente se pagará en el tiempo y, cuando esto suceda, los siguientes flujos de efectivo irán al erario. Esto permitirá no sólo recuperar la inversión pública, sino también generar utilidades que se calculan en mil millones de dólares anuales a partir de la década de los treinta de este siglo. Otro beneficio para el contribuyente será la plusvalía que vaya generando el inmueble.

Hay, como en todos los proyectos de este tipo, un riesgo: Que los costos de construcción acaben siendo mucho más altos y, por tanto, las proyecciones financieras no se sostengan. De ser así, el próximo gobierno tendría que invertir más recursos públicos o atraer mayor inversión privada con nuevas emisiones de bonos. En todo caso, el problema para AMLO es de intemporalidad: En el corto plazo, su gobierno tendrá que asumir costos cuyos beneficios se verán en el largo plazo. Y a los políticos no les gusta nada esto.

Ahí se abre una posible solución de la que se habló durante la campaña cuando Carlos Slim criticó la propuesta de cancelar el NAICM: Concesionarlo. De hecho, los otros aeropuertos del país están en ese régimen: Son propiedad privada a partir de una concesión pública. Algunos, como el de Cancún, han sido unos negociazos. Generan el flujo de efectivo para pagar su operación, recuperar capital y generar utilidades. Por su tamaño e importancia, el NAICM podría estar en este rubro. Como sugirió Slim, y luego aceptó AMLO, su construcción y operación podría concesionarse al sector privado.

Lo que sería una locura es cancelarlo. Se trata de proyecto financieramente sustentable. Además, de suspenderse, se perderían todos los recursos que se han invertido a la fecha. Miles de millones de dólares de costos hundidos. Amén de las demandas de los constructores y tenedores de bonos que tendría que enfrentar el gobierno federal.

El NAICM no debe cancelarse. Lo que debe hacerse es revisar con lupa las licitaciones, contratos y el dinero devengado. Si el gobierno de Peña incurrió en algún acto de corrupción, no puede haber perdón alguno. Además, hay que implementar todas las recomendaciones que ha hecho la OCDE para mejorar la gobernanza y transparencia del ente administrador del proyecto.

El peor de los mundos sería cancelar el NAICM y construir proyectos, como el de la nueva refinería, que no son viables financieramente.

Al nuevo gobierno de AMLO no le conviene mandar un mensaje de este tipo a los mercados. Menos ahora, en el contexto adverso que están viviendo las economías emergentes por el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos.

                Twitter: @leozuckermann

 

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