Ideología que cuesta y contamina

Ayer, la Suprema Corte de Justicia invalidó 22 disposiciones que había ordenado la Secretaría de Energía el año pasado. Consideró que invadían las facultades de la Cofece, violaban el derecho de libre competencia y otorgaban una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Supongo que el gobierno de López Obrador, previendo que la Corte batearía el llamado Decreto Nahle, se adelantó para enviar al Congreso la iniciativa preferente. Lo que no logró con una acción ejecutiva, ahora pretende modificar con una reforma legislativa.

En menos de un mes, el Congreso votará a favor de la iniciativa presidencial. Morena tiene los votos. Pero, como esta ley contravendrá la Constitución, habrá una nueva lluvia de amparos y controversias que llegarán a la Suprema Corte.

¿Por qué, entonces, el Presidente no envió una iniciativa para reformar la Constitución y, desde la ley fundamental, imponer su visión ideológica en el sector eléctrico? Porque no tiene los votos en el Senado; en año electoral, la oposición no le va a aprobar nada.

Una vez que se apruebe la ley de marras, habrá otra tormenta de litigios internacionales, ya que la legislación contravendrá contratos firmados y tratados de libre comercio. Esto va para largo y, en una de ésas, el gobierno pierde la partida por impedir, por la puerta de atrás, que los privados participen en el mercado eléctrico.

No obstante, todo esto genera incertidumbre para los inversionistas. A nadie le gusta arriesgar su dinero en proyectos multimillonarios, definidos con ciertas reglas, para que luego el gobierno modifique unilateralmente las reglas trastocando los ingresos planeados. No por nada el Consejo Coordinador Empresarial, que suele ser muy cauto, calificó la iniciativa como una “expropiación indirecta”.

El problema es que el gobierno de López Obrador, por razones ideológicas, se quedó en el siglo pasado cuando la generación eléctrica era un monopolio natural. Por sus características, convenía que una sola empresa produjera el flujo eléctrico. Y ahí había una discusión muy interesante para la soberanía nacional: si dicho monopolio tenía que ser público o privado.

En el sexenio pasado se aprobó que los privados pudieran construir dichas generadoras y subir su electricidad a la red de trasmisión nacional de la CFE. Para darle certidumbre al mercado y favorecer a los consumidores, la ley obligaba que se fuera comprando el producto de más barato a más caro. Las más baratas eran las privadas.

Lo que ahora quiere el gobierno de López Obrador es que tengan prioridad las plantas de CFE, que, en general, son más caras que las de los privados. Se trata de una visión ideológica anacrónica para sacar del mercado a los privados, consolidar el monopolio público de la CFE y, según ellos, rescatar la soberanía nacional.

¿De verdad comprar electricidad más barata y menos contaminante afecta nuestra soberanía?

Desde luego que no. Aquí estamos frente a una ideología que tuvo sentido el siglo pasado, pero que hoy atenta contra el medio ambiente. México no podrá cumplir con el Acuerdo de París para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país se había comprometido a tener un 35% de energía limpia para 2024 y 43% en 2030. No vamos a lograr este objetivo si el gobierno privilegia la generación con plantas contaminantes de carbón y combustóleo.

Una ideología también onerosa. Hoy los costos de generación de las plantas de la CFE, de acuerdo con datos de la CRE, están 5% por debajo de la tarifa para demanda industrial en trasmisión. Una de dos: o el gobierno eventualmente incrementa las tarifas eléctricas para recuperar los altos costos de sus plantas, o las subsidia vía el presupuesto federal.

De prosperar esta iniciativa, y si el gobierno no sube las tarifas eléctricas, el problema lo tendrá la Secretaría de Hacienda que deberá encontrar recursos para subsidiar una ideológica y ridícula preponderancia de la CFE en la generación eléctrica.

                Twitter: @leozuckermann