Firmado por el presidente Trump, la Casa Blanca dio a conocer un documento de 195 páginas titulado Estrategia nacional de control de drogas 2026.
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Nuestro país es uno de los actores centrales del documento de marras. México se muestra como socio necesario, fuente del problema y territorio donde operan organizaciones hostiles.
El tono es extremadamente duro, de guerra, en contra de los cárteles mexicanos, que son considerados como organizaciones terroristas internacionales. Al fentanilo ilícito y sus precursores se les categoriza como “armas de destrucción masiva”.
Estados Unidos considera a México como plataforma principal de producción y tráfico de esta droga que tantas muertes ha causado por sobredosis en el vecino del norte. El documento sostiene que los cárteles mexicanos compran precursores químicos principalmente de China, producen fentanilo y metanfetaminas “a escala industrial” y trafican las drogas hacia EU.
Siendo una amenaza a la seguridad nacional, el gobierno estadunidense menciona que, para combatirlas, utilizará herramientas antiterroristas, sanciones, inteligencia y operaciones integradas. Estas últimas se refieren a la cooperación de múltiples agencias estadunidenses: la DEA, el FBI, Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP), Immigration and Customs Enforcement (ICE), United States Coast Guard, Departamento de Defensa, Inteligencia Financiera del Tesoro, fiscales federales e inteligencia nacional (no lo dice explícitamente, pero podemos asumir que se refiere a la CIA).
Si el gobierno estadunidense antes trataba al narcotráfico mexicano de manera fragmentada, ahora su respuesta será unificada con un modelo de contrainsurgencia y contraterrorista.
Ya no se trata de un problema policiaco, sino de lógica militar con inteligencia estratégica, sanciones financieras y operaciones encubiertas. En particular, les preocupa los grandes cárteles: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Aunque el documento evita acusaciones diplomáticas explícitas, sugiere que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente por varias razones estructurales y políticas. Se menciona la corrupción e infiltración del aparato estatal mexicano penetrado por el crimen organizado. Esto incluye a policías locales, alcaldías, aduanas, fiscalías, algunos gobiernos estatales y hasta estructuras federales.
También habla de la debilidad institucional en el vecino del sur. La incapacidad mexicana de llevar a cabo investigaciones criminales. La lentitud del sistema judicial y la poca profesionalización de las policías locales. Todo lo cual deriva en altísimos niveles de impunidad.
No lo dice explícitamente, pero, si Estados Unidos siente la necesidad de actuar tan agresivamente, es porque considera insuficiente el control territorial y operativo del gobierno mexicano sobre los cárteles.
Estados Unidos va en serio y cada semana que pasa le sube más la lumbre al gobierno mexicano que, por el momento, se encuentra pasmado tratando de ganar tiempo, como si esto fuera posible.
Tan sólo ayer, el jefe de la DEA, Terry Cole, dijo sobre la histórica acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha: “Les aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.
Por su parte, la cadena CNN informó que la explosión de una camioneta el 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, que dejó dos muertos, habría sido “un asesinato selectivo, facilitado por agentes de operaciones de la CIA”. El vehículo transportaba a un presunto miembro del Cártel de Sinaloa conocido como El Payín Beltrán.
Tanto la CIA como el gobierno mexicano, en voz de Omar García Harfuch, negaron la participación de dicha agencia en este presunto atentado.
De acuerdo con la nota de CNN: “Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques mortales contra varios miembros de cárteles, en su mayoría de nivel medio, según las fuentes. ‘La letalidad de sus operaciones se ha incrementado considerablemente’, afirmó una de las personas informadas sobre las operaciones. ‘Representa una expansión significativa del tipo de acciones que la CIA ha estado dispuesta a realizar dentro de México’”.
Esto se suma a la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo del gobierno de Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, lo cual ha sido muy criticado por las autoridades federales, al punto de querer enjuiciar a la gobernadora de ese estado.
Nada nuevo que la CIA esté operando en México. Lo novedoso es que lo está haciendo de acuerdo con la nueva directriz de operaciones integrales ordenadas por la Casa Blanca en contra de los cárteles mexicanos. Y esto apenas comienza.