Ésa es la pregunta que todo mundo se está haciendo después de haber leído el reportaje de ayer en el LA Times.
De acuerdo con este periódico, “Estados Unidos ha revocado discretamente las visas de dos gobernadores mexicanos en funciones, aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum […] Aún sin visa, el gobernador Alfonso Durazo de Sonora y el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas han estado ingresando a Estados Unidos bajo un permiso especial reservado generalmente para testigos colaboradores”.
Ayer, ambos gobernadores desmintieron esta información.
Sin embargo, uno de los periodistas que firma la nota, Steve Fisher, fue el que adelantó que venía la acusación de la fiscalía estadunidense en contra del gobernador Rubén Rocha de Sinaloa, lo cual resultó cierto.
Si, además de Durazo y Villarreal, agregamos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, estamos hablando que Estados Unidos ya les retiró sus visas a tres de los seis gobernadores fronterizos, precisamente los tres de Morena porque, el resto, son de partidos opositores (Chihuahua del PAN, Coahuila del PRI y Nuevo León de MC).
Esta filtración es particularmente dolorosa para Durazo quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora, además de gobernar Sonora, es nada menos que el presidente del máximo órgano de dirección de Morena, el Consejo Nacional, encargado de trazar la línea política, aprobar candidaturas y definir alianzas.
Dice el LA Times: “Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado por una afección médica, en el marco de un programa de libertad condicional reservado para personas que cooperan con las autoridades”.
En el vecino del norte hay una vieja y eficaz táctica de los fiscales federales en la persecución judicial de grupos del crimen organizado: filtrar que un miembro de la organización está cooperando con ellos proveyendo la información que conoce en su calidad de insider de dicho grupo.
Famosamente, las mafias italianas inventaron el concepto de la omertà, código de silencio que juramentan sus miembros obligándose a no cooperar con las autoridades ni revelar información sobre actividades criminales. Es preferible aceptar castigos antes que colaborar con la justicia. La violación de este código se castiga con la expulsión de la organización mafiosa y hasta con la muerte.
Sin embargo, la historia está llena de “arrepentidos” mafiosos que deciden colaborar con la justicia. En Italia, el célebre Tommaso Buscetta soltó toda la sopa permitiendo que los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino hicieran el histórico “maxi-proceso judicial” en contra de la mafia siciliana.
Regresando a Estados Unidos, los fiscales suelen filtrar que hay un “soplón” en las filas de la organización criminal con el fin de crear disrupciones internas. Los involucrados se ponen muy nerviosos y comienzan a cometer errores. Los jefes desarrollan actitudes paranoicas sospechando de hasta sus más leales subordinados. Algunos lugartenientes deciden abandonar el barco antes de que se hunda buscando sus propios arreglos con la justicia.
Esta semana, en una corte de Nueva York se presentó el general en retiro Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y uno de los diez acusados por presuntos vínculos con el Cártel de ese estado. Se entregó voluntariamente buscando, supongo, un arreglo con los fiscales. Presumiblemente dará información a cambio de una menor condena o mejores condiciones carcelarias.
El exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, supuestamente también se habría entregado a las autoridades estadunidenses. Sin embargo, no lo han procesado judicialmente. De hecho, se desconoce su paradero. Como los cárteles mexicanos ya son considerados organizaciones terroristas internacionales, las autoridades de Estados Unidos no están obligadas a respetar el derecho a un debido proceso judicial. Quién sabe dónde está y qué estará revelando.
La filtración de ayer sobre Durazo y Villarreal debe tener muy nerviosos a los morenistas que efectivamente se involucraron con el crimen organizado. Junto con Mérida y Díaz, los estadunidenses podrían estar armando el rompecabezas de la penetración delincuencial en la política mexicana. La verdadera y la que le convengan a los fiscales porque sabido es que los cooperantes tienen incentivos para confesar lo que les pidan con tal de recibir beneficios. Y si no, que los morenistas le pregunten a Genaro García Luna cómo los fiscales de Estados Unidos lograron condenarlo a 38 años de prisión por conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falso testimonio.
X: @leozuckermann