Revocación es reelección

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó otra de las reformas insignia de la Cuarta Transformación: la reforma sobre revocación de mandato y para modificar el procedimiento de la consulta popular.

Sobre la última hay que decir que ésta se aprobó en 2012 y tuvo su primera reforma en 2014, pero ha persistido una crítica respecto de la dificultad de promover consultas populares desde la trinchera ciudadana, ya que la ley vigente establece un mínimo de 2% del listado nominal de electores necesario para convocar a dicho ejercicio. Al día de hoy, esto representa casi un millón 750 mil ciudadanos. Asimismo, la obligatoriedad del resultado está condicionado a la participación de, al menos, 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores.

La reforma aprobada el jueves pasado reduce estos porcentajes a 1% y 34%, respectivamente, haciendo más asequible para los ciudadanos el poder iniciar el proceso de llevar a consulta algún tema. El cambio más cuestionado tiene que ver con la eliminación de una fecha determinada para la realización de las consultas, esto es, el día de la jornada electoral federal. Lo anterior se determinó así por tres razones:

La primera es la capacidad de operación del INE que, en el actual esquema, es el responsable de la organización de las consultas. Hacerlo en una fecha distinta multiplicaría el trabajo no sólo del Instituto, sino de los ciudadanos que, al igual que en los procesos electorales, serían los responsables de las casillas y del conteo de votos. La segunda razón es económica, ya que organizar un sinnúmero de ejercicios de consulta nacionales sería significativamente oneroso. La tercera razón es la de la participación ciudadana: cuando las consultas no están vinculadas a las elecciones, el número de ciudadanos que las atienden es considerablemente menor.

De aprobarse este apartado de la reforma sin cambios por el Senado, podríamos tener un sinnúmero de consultas en cualquier momento.

Por otro lado, la revocación de mandato fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Bajo el principio de “el pueblo pone y el pueblo quita”, el hoy Presidente se comprometió a someter a una consulta ciudadana su permanencia en el cargo. Los partidos de oposición hemos vinculado la revocación con la reelección, ya que hay un temor fundado de que,  igual que han hecho otros líderes populistas como Hugo Chávez, Evo Morales o Daniel Ortega, si la consulta sobre su permanencia en el cargo resulta favorable a López Obrador, esto podría resultar en un intento por modificar la Constitución para permitir la reelección.

El Presidente aseguró este viernes que no buscará reelegirse. El problema es que lo hemos visto desdecirse una y otra vez en temas en los que durante años mantuvo una posición firme. ¿Por qué no habría de cambiar de posición respecto a la reelección si el pueblo bueno se lo pide?

Por otro lado, el hecho de que la revocación o ratificación del mandato del Presidente de la República se empate, ése sí, con la elección federal intermedia para renovar la Cámara de Diputados vulnera el principio de equidad. Si el Senado no modifica esto, veremos por primera vez a un presidente haciendo campaña abiertamente por él y por sus candidatos a diputados federales.

Luis Carlos Ugalde y Carlos Elizondo han propuesto modificaciones a la minuta, como que la consulta sobre revocación de mandato no sea el mismo día de la elección, y que quede expresamente prohibido someter a consulta popular el permitir la reelección presidencial.

Una vez más, la mayoría morenista se negó a abrir este a proceso a opiniones de la sociedad civil, y la división de la oposición permitió que esta reforma fuera aprobada. Ojalá el Senado, como ya ha hecho antes, escuche las voces de los especialistas y modifique la minuta.