Piña y Zaldívar a juicio o fuegos de artificio

En la última semana, el ámbito político protagonizó un torbellino de acusaciones y contraacusaciones centradas en figuras prominentes del Poder Judicial y del Legislativo. La revelación de una investigación por presuntas irregularidades en la gestión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, desató una serie de movimientos estratégicos por parte de los partidos políticos principales, polarizando aún más el ya tenso ambiente político-electoral.

El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de velar por la actuación ética de ministros y jueces en el Poder Judicial, ha asumido el rol de investigador en este caso. Sin embargo, la respuesta de Zaldívar, quien se ha convertido en un entusiasta vocero de Morena y de su candidata presidencial, respaldados por éstos, fue la de anunciar la solicitud de juicio político contra la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien responsabilizan de la filtración de la investigación con la intención de golpear la campaña oficialista. A su vez, la coalición Fuerza y Corazón, conformada por el PAN, el PRI, y el PRD, hizo público su respaldo a la ministra Piña y anunciaron que, igualmente, solicitarán que se inicie un procedimiento de juicio político en contra del exministro Zaldívar.

Pero, más allá de las narrativas políticas, ¿qué tan probable es que alguno de los dos realmente sea enjuiciado? La verdad, es poco probable que alguno de los implicados sea efectivamente enjuiciado y sancionado. El proceso de juicio político contra la ministra Norma Piña, por ejemplo, podría ni siquiera llegar al pleno de la Cámara de Diputados. La llamada Sección Instructora, responsable de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y enviar sus conclusiones al Pleno para su aprobación, está compuesta por cuatro diputados: dos de Morena y dos de la oposición. Esta paridad hace que la votación mayoritaria necesaria para aprobar cualquier determinación sea prácticamente imposible.

Incluso, en el improbable caso de que las conclusiones determinaran la culpabilidad de la ministra Piña y llegaran al Pleno, Morena y sus aliados podrían obtener los votos necesarios para avalar la culpabilidad, ya que sólo se requiere la mitad más uno de los diputados. Sin embargo, en el Senado, la segunda instancia participante en el proceso, se necesitarían dos tercios de los votos, algo que Morena y sus aliados no poseen en la actualidad.

El mismo panorama se vislumbra en el caso de un proceso contra el exministro Arturo Zaldívar. Varios analistas han sugerido que el trámite se detendría en el Senado de la República, pero en realidad es en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados donde se encontraría el primer obstáculo, dada su composición de empate entre ambas coaliciones de partidos.

Entonces, los amagos de juicio político hacia dos actores que se han vuelto protagonistas de la arena política electoral actual no son más que fuegos de artificio, y quizás una estrategia por parte del exministro Zaldívar para distraer a la opinión pública del tema de fondo: la investigación por la que se le acusa de haber vulnerado la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial con la intención de “satisfacer intereses personales y de terceros” y que involucra a varios de sus excolaboradores señalados por tráfico de influencias, corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito, acoso sexual y laboral, uso indebido del cargo, suplantación de funciones y cohecho, acusaciones hechas por más de 70 jueces quienes afirman haber sido presionados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para el gobierno del presidente López Obrador. Ése es el fondo de este asunto que no hay que perder de vista.

*Politóloga e internacionalista.

Expresidenta de la Cámara de Diputados