Poco después de aprobada la reforma al Poder Judicial en el Congreso, escuché en un programa de televisión a una analista identificada con Morena decir que el proceso legislativo no fue más que “normalidad democrática” y suponiendo que auténticamente lo crea, ahora que su movimiento tiene tanto poder, vale la pena recordar qué se entiende por democracia.
Cuando hablamos de democracia moderna no existe una definición única, su concepto ha evolucionado en múltiples direcciones, cada una con su propia interpretación. La democracia liberal, que ha sido el modelo predominante, se caracteriza por el respeto al Estado de derecho, elecciones libres y justas, y la protección de los derechos individuales. En este modelo, propuesto por pensadores como John Locke y Montesquieu, la separación de Poderes es fundamental para evitar el abuso de autoridad y garantizar la libertad individual. Sin embargo, las críticas a este modelo han llevado al desarrollo de otros enfoques que buscan una participación ciudadana más activa y directa.
Uno de esos enfoques es la democracia participativa, defendida por autores como Carole Pateman, que sostiene que una democracia real requiere que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones más allá de las elecciones. Aquí, los referendos y las consultas populares juegan un rol clave para hacer que los ciudadanos sean parte activa del proceso político. Este modelo es una respuesta a las limitaciones de la democracia liberal, que tiende a delegar gran parte del poder a las elites políticas. En la misma línea, la democracia deliberativa, desarrollada por Jürgen Habermas, pone énfasis en la discusión pública como el núcleo de las decisiones políticas.
A pesar de estos esfuerzos por ampliar la participación, no todas las visiones coinciden en la necesidad de un involucramiento ciudadano más profundo. La democracia pluralista, defendida por Robert Dahl, sostiene que la competencia entre grupos de interés es suficiente para garantizar una representación adecuada de las distintas perspectivas en una sociedad. En este modelo, los ciudadanos participan indirectamente, ya que los grupos de interés negocian y luchan por influir en las decisiones políticas.
En contraposición, la democracia radical, promovida por autores como Chantal Mouffe, busca una transformación más profunda del sistema, desafiando las estructuras tradicionales de poder y proponiendo una mayor redistribución del poder en todos los ámbitos de la sociedad, no sólo en la política. Esta visión radical critica a las democracias liberales por ser demasiado complacientes con las desigualdades existentes y aboga por una democratización más amplia que abarque lo económico y lo social.
El modelo de democracia que se promovió en México durante los sexenios de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto –nombres que no ayudan– fue el de la democracia liberal, que el nuevo régimen morenista busca revertir y reconcentrar el poder, aunque promoviendo elementos del modelo de democracia participativa como las consultas populares o la revocación de mandato, aprobada recientemente.
Es válido estar a favor de un modelo u otro, incluso estar en contra de la democracia en general, lo que es tramposo es calificar de democrático algo que no lo es. La forma tan desaseada en la que se consiguieron los votos para la aprobación de la reforma judicial en el Senado (con un senador retenido y otro que cambió de bando presumiblemente a cambio de impunidad) no encaja en ninguna forma de democracia. Vale más la sinceridad del presidente López Obrador, que dijo que en política hay que “buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”: más claro ni el agua.