Ni verdad, ni justicia, ni reparación

Una de las reflexiones que a raíz de la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, en agosto pasado, y los subsecuentes acontecimientos, es que en México las prácticas y las instituciones de investigación y procuración de justicia se congelaron en la década de los 60, que no evolucionaron y que siguen, como en la época del 68, alterando escenas del crimen, construyendo versiones oficiales con base en la tortura para salir del paso, encubriendo funcionarios y siendo incapaces de ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas directas, sus familias y la sociedad en general, tanto en el sexenio anterior como en el actual.

También nos recordó el nivel de control que los grupos criminales tienen en amplios sectores del gobierno: desde presidentes municipales hasta oficiales del ejército, y nos recordó —en plena discusión sobre la ampliación del plazo constitucional para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública—, que, aunque la actual administración ha justificado el delegar cada vez más tareas al Ejército y la Marina, con una supuesta superioridad moral, que los miembros de dichas instituciones son tan proclives a la corrupción como cualquier otra persona, con la diferencia de que ellos, se pasean armados y se protegen unos a otros.

Que el gobierno federal haya reconocido públicamente que la desaparición de los 43 jóvenes normalistas fue un crimen de Estado, al confirmar la participación de elementos de las Fuerzas Armadas, además de funcionarios públicos de los otros órdenes de gobierno, fue valiente pero la apresurada aprehensión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam —sin que yo crea o no que es culpable de algún delito— fue más un espectáculo mediático que un proceso serio, y el hecho de que la Fiscalía General de la República desistiera de las órdenes de aprehensión de 16 de 20 militares, ha generado, nuevamente, una impresión de desaseo en el proceso judicial que pone en riesgo, el fin último de conocer la verdad, determinar culpables y establecer condenas.

Como lo ha explicado el exministro José Ramón Cossío, la existencia de varios procesos que buscan definir en algunos casos la responsabilidad de personajes políticos y en otros, la de delincuentes, policías y militares, ha generado una multiplicidad de verdades que imposibilitan asignar consecuencias jurídicas finales, y eso es lo que ha sucedido en el caso Ayotzinapa desde hace ocho años.

“En el mejor de los casos, es posible que en cada expediente se logre demostrar la responsabilidad de distintos agentes por sus conductas individuales. Sin embargo, la fragmentación procesal hará difícil la construcción de una verdad unitaria. El todo no aparecerá de las propias narrativas judiciales, sino de las metanarrativas que agrupen y den sentido a los fragmentos”, continúa Cossío.

En el mismo sentido, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el sentido de que, aunque los hallazgos de la Comisión son prometedores, las pesquisas han sido manipuladas por la Fiscalía General de la República, y que el desfile de funcionarios, peritos y jueces, los discursos y versiones que debían haber servido para esclarecer los hechos, sólo han contribuido a generar confusión e incertidumbre. Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no han recibido verdad, justicia y reparación como tampoco las ha habido en otros crímenes de alto impacto en el pasado.

La pregunta es, ¿cuándo los mexicanos tendremos un sistema de procuración de justicia que realmente funcione?

*Politóloga e internacionalista. Expresidenta de la Cámara de Diputados.