La otra reforma

Poco se ha hablado de las consecuencias de la desaparición de cada uno de los organismos constitucionales autónomos que este viernes fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Falta su aprobación por el pleno de dicha cámara y luego la discusión en el Senado de la República y en los congresos locales.

La reforma al Poder Judicial ha sido objeto de una importante discusión pública, al grado de que incluso instituciones financieras internacionales y los embajadores de nuestros dos principales socios, Canadá y Estados Unidos, han expresado preocupación por la incertidumbre jurídica que una eventual elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular directo implicaría.

Pero, además de esa reforma, está otra de magnitudes similares que cambiaría el rostro del Estado mexicano como lo conocemos: uno en el que, más o menos eficaces, los límites y contrapesos al Presidente de la República y al gobierno federal, existen.

Poco se ha hablado de las consecuencias de la desaparición de cada uno de los organismos constitucionales autónomos que este viernes fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Falta su aprobación por el pleno de dicha cámara y luego la discusión en el Senado de la República y en los congresos locales, por lo que quizá su materialización tarde un poco más que la de la reforma judicial, y también puede que haya algunos cambios en ese trayecto, pero, de acuerdo con lo que los liderazgos de Morena han dicho, es altamente probable que se concrete.

De acuerdo con el dictamen aprobado, se eliminan el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La mayoría de las atribuciones de estos organismos serán realizadas por el Ejecutivo federal, cuando fueron creados precisamente para operar con independencia de ese Poder, como una manera de garantizar la objetividad, transparencia y especialización en áreas cruciales para la protección de derechos y la economía del país.

En el caso de la desaparición del Inai, preocupa que se comprometerán derechos humanos fundamentales, como el acceso a la información y la protección de los datos personales, ya que, al ser el Ejecutivo uno de los sujetos obligados por la ley de otorgar información, dejarle que sea el mismo el que determine si debe o no de ser otorgada implicaría un claro conflicto de interés.

Desde el punto de vista internacional, la desaparición de la Cofece, el IFT, la CNH y la CRE tiene implicaciones directas en la relación de México con sus socios en el T-MEC. Estos organismos han sido fundamentales en garantizar un entorno regulatorio atractivo para la inversión extranjera, pero al concentrar sus funciones en el Ejecutivo se corre el riesgo de que las decisiones regulatorias se vean influenciadas por criterios políticos y no técnicos, lo que podría generar incertidumbre jurídica y desincentivar la inversión extranjera. Esto, a su vez, podría llevar a disputas comerciales en el marco del T-MEC, ya que Estados Unidos y Canadá podrían percibir esta centralización como una violación a los principios de transparencia y competencia justa que sustentan el acuerdo.

En la mayoría de los países democráticos existen organismos constitucionales autónomos para regular actividades del Estado que requieren independencia y especialización técnica. Además de la política monetaria, las telecomunicaciones, la competencia económica, la generación de información estadística y la protección de los derechos humanos, son actividades que requieren este tipo de organismos. Siempre es necesaria y válida una revisión del funcionamiento de las instituciones y del gasto, pero sin que esto implique una regresión en derechos y en calidad de la democracia.

                Politóloga e internacionalista.

                Expresidenta de la Cámara de Diputados