Ingreso vital

La emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 requiere una respuesta extraordinaria, rápida y contundente, no sólo en el ámbito sanitario sino también en el económico. Las medidas de distanciamiento social han generado una enorme disminución de la actividad productiva, la reducción de la inversión privada y de las remesas, así como la contracción del consumo que perdurará durante varios meses más después de la reactivación económica.

Entre marzo y abril, el IMSS reportó la pérdida de 685 mil 840 empleos, solamente en el sector formal, y el cierre de cuatro mil 285 empresas, una caída del ingreso per cápita que, sumando a quienes han perdido sus ingresos en el sector informal, no tiene precedentes. Por su parte, el Coneval ha estimado que la pobreza por ingresos incrementará en entre seis y 10 millones de personas en 2020.

Por eso, algunos gobiernos como el de la Ciudad de México o Yucatán están otorgando apoyos temporales a un número limitado de personas que hayan perdido sus empleos, sin embargo, en la mayor parte del territorio nacional, quienes están perdiendo sus ingresos, están desamparados.

Los gobiernos federal, estatales y municipales están haciendo esfuerzos para detener la pérdida de empleos y mitigar los efectos de éste, pero hay que reconocer que se necesita hacer más.

En complemento a las medidas económicas para apoyar a las empresas en la retención de su fuerza laboral en todo el mundo, las transferencias monetarias directas han sido la medida de respuesta más común, fácil de implementar y efectiva ante la emergencia, especialmente en países como el nuestro, que no cuentan con un sistema de seguridad social que, por sí solo, garantice a las personas un nivel mínimo de ingreso y salud.

En América Latina varios países han impulsado ingresos extraordinarios: Ingreso familiar de emergencia en Argentina; Seguro de desempleo temporal en Belice; Transferencia monetaria de emergencia en Brasil; Transferencia monetaria para el sector informal en Chile; Ingreso solidario en Colombia; Transferencias monetarias de emergencia en Costa Rica; Transferencias para trabajadores informales en Ecuador; y una Transferencia única para hogares pobres en Ecuador.

Asimismo, la Cepal presentó esta semana su informe El Desafío Social en Tiempos del covid-19, en el que explica que “para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la organización propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”.

Para estimar el costo de estas transferencias monetarias, la Cepal propone que su duración sea de entre tres meses y un año, éstas serían para cada persona y por un equivalente a una línea de pobreza extrema que representa el costo de una canasta básica de alimentos, o a una línea de pobreza, que permite cubrir también otras necesidades básicas.

En ese mismo sentido, un grupo de más de 120 legisladoras y legisladores de seis grupos parlamentarios, con el acompañamiento del movimiento Nosotrxs, que agrupa a reconocidos académicos y activistas, estamos impulsando, a través de un exhorto que esperamos que la Comisión Permanente del Congreso apruebe, que el gobierno federal entregue un apoyo de 3 mil 746 pesos, por un mínimo de tres meses, a todas las personas que lo requieran. El otorgamiento de este ingreso vital es urgente y de elemental humanidad.