El Congreso es más importante que la Presidencia

Ayer llegamos a la mitad de la campaña federal y, naturalmente, la mayor atención la han tenido quienes aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la elección más importante para el país no es la presidencial, sino la de diputados y senadores, y merece mayor atención y explicación.

En un sistema presidencial como el nuestro, la figura con más protagonismo político es el titular del Poder Ejecutivo, pero, sin una mayoría legislativa que lo respalde, sus planes de gobierno pueden ser obstaculizados por el Congreso que tiene la facultad de modificar las leyes, aprobar el presupuesto público, revisar (teóricamente) que el dinero se utilice eficaz y honestamente, nombrar y ratificar funcionarios del Poder Ejecutivo, como los embajadores, del Poder Judicial, como magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de instituciones como el Inai y el INE.

Las funciones del Poder Legislativo mexicano y de los parlamentos modernos en general se han desarrollado a lo largo de la historia desde la Edad Media cuando surgieron para que las necesidades y preocupaciones de la población fueran tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, así como para limitar el poder de los monarcas y evitar los abusos de autoridad y los excesos. Su naturaleza es pues, la de poner límites al poder de los gobernantes y la de representar a los ciudadanos que los eligieron.

En México, a partir de la primera alternancia en el gobierno cuando el PRI perdió la Presidencia de la República a manos del PAN, en el año 2000, y hasta el 2018, los presidentes Fox, Calderón y Peña no contaron con mayorías para que sus propuestas de cambios legales, a la Constitución, o el presupuesto, se aprobaran, lo que los obligó a dialogar con los partidos de oposición y lograr los acuerdos que les permitieron gobernar.

Eso cambió en 2018, cuando los partidos afines al presidente López Obrador obtuvieron más de la mitad de los diputados y de los senadores, lo cual le ha permitido aprobar cambios legales como la extinción de los fideicomisos que financiaban parte de la investigación científica en el país, la supresión de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, o la sustitución del Seguro Popular por el Insabi y ahora por el IMSS Bienestar. Esa mayoría de legisladores también le permitió reconfigurar el presupuesto público y destinar recursos para construir el AIFA, la nueva refinería o el Tren Maya, a costa de programas como el de apoyo a los guardabosques que ayudaban a prevenir incendios forestales, por ejemplo.

Lo que no ha podido hacer el presidente López Obrador ha sido modificar la Constitución, ya que, aunque cuenta con las dos terceras partes de la Cámara de Diputados necesarias para eso, no tiene los mismos números en el Senado, siendo éste, junto con la SCJN, la única institución capaz de imponer límites al Ejecutivo, y es por eso que Morena, busca conseguir no sólo la mayoría absoluta (50 + 1), sino la mayoría calificada (2/3), requerida para los cambios constitucionales que no lograron este sexenio como la desaparición de organismos constitucionales autónomos o establecer la elección de ministros de la SCJN por votación popular directa. Conseguir esas mayorías es a lo que han llamado, plan C.

No se trata de frenar las buenas intenciones de quien resulte electo presidente o presidenta de la República ni de sabotear políticas necesarias como los programas sociales que, dicho sea de paso, no sólo Claudia Sheinbaum, sino también la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se han comprometido no sólo a mantenerlos, sino a ampliarlos y mejorarlos. Se trata de mantener los equilibrios necesarios en cualquier democracia que aspira a ser de calidad y a servir verdaderamente a las y los ciudadanos.

           *Politóloga e internacionalista.

                Expresidenta de la Cámara de Diputados