¿Aumentar las penas por feminicidio es la solución? 

El feminicidio de Debanhi Escobar, junto con el de María Fernanda Contreras, ambos acontecidos en Nuevo León durante las últimas semanas, volvieron a llamar la atención sobre los hechos de que en México las mujeres vivimos en peligro permanente de perder la vida por el hecho de ser mujeres y de que el Estado mexicano nos ha fallado. 

Hace casi ya tres décadas de aquella trágica oleada de feminicidios en Ciudad Juárez y tanto la inseguridad como la incapacidad de las autoridades se han expandido por todo el territorio nacional. De enero a marzo de 2022 se registraron 229 presuntos feminicidios en el país, según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

 Nacional de Seguridad Pública. La cifra oficial de feminicidios no ha dejado de crecer desde 2015, según las estadísticas: ese año hubo 412 presuntos casos y cinco años después la cifra se había duplicado, alcanzando los 948. 

Ante esta realidad, México fue el primer país del mundo en tipificar el delito de feminicidio, además de haber creado instituciones especializadas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. A nivel local, los gobiernos estatales y algunos ayuntamientos también han creado instituciones para afrontar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la falta de resultados está a la vista de todo el mundo. 

 Como reacción ante el feminicidio de Debanhi, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el pasado martes diversas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Código Penal Federal para establecer una pena de entre 20 y hasta 40 años de cárcel por el delito de feminicidio, incluso en grado de tentativa, además de hacer procedente la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible, entre otras modificaciones que desde el colectivo Rebeldes con Causa, al que pertenezco, las consideramos insuficientes para afrontar un problema cuyo principal detonante es la impunidad y la falta de una política de Estado integral. 

 Si bien las causas de las violencias y el feminicidio son el machismo y la misoginia, que están profundamente arraigados, no sólo en nuestra sociedad, sino en muchas otras en el mundo, en México se mata a las mujeres porque se puede y porque no hay consecuencias. Lo anterior, más que un problema de ajustar las leyes, es en problema de incapacidad de las fiscalías y las policías, además de, como ya se dijo, la falta de una política nacional focalizada en resolver el problema que debiera incluir, por ejemplo, programas de rescate de espacios públicos, iluminación en todas las comunidades del país, instalación de cámaras conectadas a centros de monitoreo como los C4 y C5 que funcionen óptimamente, protocolos con prestadores de servicios de transporte y una campaña nacional que explicara a la ciudadanía qué hacer en caso de desaparición de mujeres, violencias y feminicidios. 

Mientras las mujeres y niñas siguen desapareciendo y continúan siendo agredidas, explotadas y asesinadas, las fuerzas políticas de nuestro país invierten una enorme energía, tiempo y recursos en combatirse unos a otros en vez de ponerse de acuerdo en resolver de fondo, de una vez por todas, este gravísimo problema. Por eso, este fin de semana hemos hecho un urgente llamado al Presidente de la República, a los líderes de los partidos políticos nacionales, a los líderes parlamentarios en las cámaras del Congreso, a los gobernadores y a los fiscales a instalar una mesa de trabajo de la que emerjan las soluciones a la tragedia de vivimos millones de mujeres y niñas mexicanas, iniciando por una propuesta presupuestal integral para 2023. 

*Politóloga e internacionalista. 

Expresidenta de la Cámara de Diputados