Enrique Kiki Camarena es un auténtico héroe americano.
Murió por la tortura que le causaron no sólo los narcotraficantes bajo las órdenes de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, sino por la grave corrupción de las autoridades mexicanas en todos los niveles, que fueron cómplices del crimen más grave que se haya cometido en contra un miembro de la DEA.
La reacción que dio origen a la Operación Leyenda no se ha extinguido, a pesar de que han pasado 37 años desde que este hombre fuera asesinado. La directora de la DEA, Anne Milgram, escribió en una carta a todo el personal:
“Durante más de 30 años los hombres y mujeres de la DEA han trabajado incansablemente para llevar a Caro Quintero ante la justicia. El arresto es resultado de sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no enfrentaría a la justicia.”
Su muerte no fue en vano, se convirtió en una leyenda; pero no sólo para la agencia en la que trabajaba, sino también para la procuración de justicia de Estados Unidos.
No hay un solo día en que el sacrificio de Camarena no sea recordado por las fuerzas del orden en aquel país. Recuerdan, veneran y vengan a sus mártires tarde o temprano.
La complicidad entre el crimen organizado y representantes del gobierno mexicano tendió un manto de impunidad, ya que gente como Manuel Bartlett, quien fue secretario de Gobernación cuando ocurrió el asesinato, sigue en primeros niveles de poder e influencia dentro del Estado mexicano. Cobijados entre el cinismo y la impunidad.
Ahora, el gobierno de México tiene la oportunidad, quizá histórica, de retribuir el sacrificio de un símbolo en la lucha en contra de la delincuencia organizada y demostrar que el tiempo de complicidad entre el crimen organizado y el gobierno llegó a su fin.
La detención va mucho más allá de la captura de un delincuente notorio del pasado. Es una herida que sigue supurando. Al salir de prisión en 2013, retomó la vida criminal a través del Cártel de Caborca, uno tristemente famoso por su capacidad de violencia y su rápida expansión por el país.
Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es una encrucijada que será una marca indeleble en su administración. Mucho de lo que será recordado en su lucha en contra del crimen tendrá que ver con el manejo que se le dé a este caso y cómo se construya la narrativa de esta historia.
La detención realizada por elementos de la Secretaría de Marina es un buen primer paso; sin embargo, tendrá que ser cribada. Hay quienes aseguran que se trata de una concesión que tuvo que hacer esta administración tras la visita del presidente mexicano a Joe Biden, mientras que algunos otros consideran que el gobierno actuó en complicidad con un grupo criminal al que le molesta el crecimiento del Cártel de Caborca.
El gobierno de Estados Unidos ya solicitó la extradición de Caro Quintero, no únicamente por el asesinato de Camarena, sino por delitos cometidos recientemente. Las autoridades mexicanas deberán decidir con gran rapidez sobre esta solicitud, puesto que será una línea en su administración.
No entregar al delincuente para que sea procesado en aquel país equivaldría en más de un sentido a reconocer que se mantienen los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno, que fueron clave en el asesinato de Camarena. Vínculos plagados de omisiones y complicidad.
Podría ser interpretado como una señal negativa que el gobierno haya concedido una suspensión en contra de la extradición de Caro Quintero. Si bien es necesario garantizar un debido proceso, hay que considerar el interés superior de Estados Unidos. Ya conocemos las historias de “suicidios” o fugas en las cárceles de máxima seguridad en México.