Larga vida al derecho internacional

Como es sabido, en reiteradas ocasiones y como internacionalista de profesión he cuestionado la pertinencia y utilidad de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas frente a su imposibilidad de establecer acciones concretas para preservar la paz mundial por el derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

En esa misma tesitura, hoy celebro las acciones emprendidas por la Corte Penal Internacional (CPI), que solicita órdenes de detención en contra de los líderes de Hamás y contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¡Ya era hora!

Los crímenes que se le imputan a Netanyahu son: privar intencionalmente de ayuda humanitaria a Gaza, uso de hambre e inanición como método de guerra, trato cruel y gran sufrimiento intencionado, asesinato, ataques dirigidos a la población civil, exterminio, muertes causadas por hambre y persecución. Los crímenes imputados a los líderes de Hamás incluyen: asesinato, toma de rehenes, violencia sexual, tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad y exterminio, entre otros.

La Corte asegura contar con elementos probatorios de que Israel ha privado a la población civil palestina de manera sistemática e intencional de la ayuda humanitaria y “los insumos indispensables para la supervivencia humana”, esto incluye alimentos, asistencia médica, pero también, y no menos importante, el corte de tuberías del agua transfronteriza desde Israel a Gaza y el suministro de electricidad. En pocas palabras, dejarlos morir de inanición.

Para sorpresa de nadie, la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu no se hizo esperar y asegura que si la ayuda humanitaria no ha llegado es por problemas logísticos y la mala distribución de Naciones Unidas y otras organizaciones.

¿Qué sigue?

Habría que recordar que Israel no es signatario de la CPI ni de los Estatutos de Roma (como era de esperarse), mientras que Palestina sí lo es. Por lo que la CPI no tiene injerencia en el territorio israelí, pero sí puede perturbar a Netanyahu y compañía. De acuerdo con los estatutos de la CPI, los 124 miembros signatarios tienen el deber de arrestar y extraditar a los acusados en caso de cruzar su frontera o pisar su territorio (no incluye a Estados Unidos, que no ratificó el tratado). La CPI no tiene ningún mecanismo autónomo de implementar el arresto.

Es temprano para dilucidar qué puede ocurrir, pero es una señal muy sana y alentadora que la CPI señale como criminales de guerra a las dos partes involucradas en este conflicto que está destruyendo lo que queda del pueblo palestino.

POST SCRIPTUM

El padrón electoral de México para 2024 está conformado por más de 100 millones de personas; hay registradas 51 millones 852 mil 924 mujeres, 48 millones 188 mil 701 hombres y 90 personas no binaries. Suponiendo sin conceder que la marcha de la Marea Rosa del pasado domingo aglutinó a cerca de un millón de ciudadanos —como aseguran sus organizadores—, ¿qué significa? Nada, en realidad. Seamos lógicos.