Las confusiones peligrosas

Sin duda, el juicio de Genaro García Luna en la corte de Brooklyn es de importancia nacional aunque deje insatisfecho el pendiente de revelar las fuerzas y personalidades norteamericanas que abren las compuertas de la inundación mortífera del fentanilo.

Hay que relacionar la sentencia con el gran telón de fondo que es la batalla electoral del 2024.  El presidente López Obrador estará muy agradecido a la Providencia, que le regaló tan inesperado como eficaz distractor de atención mientras, como buen titiritero, opera, mueve y ajusta el asunto que más le ha importado desde el primer día que tomó posesión de la Presidencia de la República.

El caso de García Luna, por grave que sea como un ejemplo de la narcopolítica en nuestro país, con estrecha vinculación entre el poder de las mafias, se resuelve y  despacha en tribunales. La confirmación de la interacción entre autoridades y criminales arrastra numerosas implicaciones en cuanto a la confiabilidad de las relaciones entre México y Estados Unidos en esta materia. El tema toca lo electoral y económico en cuanto hoy son 29 estados del país, de acuerdo a la DEA (sólo 11 en tiempos de Calderón) donde la violencia de las mafias tuerce la votación hacia sus candidatos. Se crean islotes de terror e impunidad.

Pero la preocupación mayor en la coyuntura que vive nuestra sociedad es si, llegado el momento de las elecciones de 2024, tendremos que tomar la decisión de seguir o rechazar el estilo de gobernar que el régimen personal de López Obrador ha impuesto. En los cuatro años transcurridos de la 4T, cada ciudadano conoce al detalle, desde su situación personal, la clase de vida que AMLO ha recetado. Llegado el momento de votar, cada mexicano optará entre los sacrificios sin rumbo de las promesas de la 4T o las perspectivas de un gobierno anclado en la realidad y no en la  demagógica promesa.

Las decepciones crecientes de los programas mal diseñados y peor ejecutados han hecho clara la cruel disyuntiva para los sectores más desilusionados.

Es el tema prioritario que se decidirá en las elecciones de junio 2024 y es más relevante que cualquiera de los que sirven de distractores de discusión.  Más que invertir horas enteras especulando sobre las repercusiones del juicio a García Luna y de los métodos alternativos, hasta ahora ineficaces, para desarraigar la inseguridad que vive el país, o seguir atentos al vergonzoso asunto de plagios o a las asignaciones manipuladas de equipos para el Ejército, la oposición de las fuerzas ciudadanas tiene que hacerse oír ante el inminente peligro de que se herede el proyecto de López Obrador al siguiente gobierno.

Como se ha dicho sin cesar, el gobierno Morena promovió modificaciones a la estructura y solidez financiera del INE con el explícito propósito de reducir la capacidad operativa del INE, al grado de imposibilitar su funcionamiento normal.

El Congreso las ha aprobado en el llamado plan B, y que está pendiente su promulgación.

La tensión que desde ahora se manifiesta en las precampañas de los candidatos anuncia conflictos en todas las etapas. El rechazo o desconocimiento de los resultados finales en la elección presidencial de 2024 nos pondría al nivel de insurrecciones populares como las de Perú, Bolivia, Siria y muchos más países. El tono mundial es de creciente efervescencia y como en todos los casos de ingobernabilidad, es el pueblo el que más sufre, aunque como ironía todo movimiento ha sido en su nombre.

La energía cívica que el momento demanda tiene que dirigirse a respaldar a la SCJN en las decisiones que, esperamos, pronto haya que resolver sobre las impugnaciones que se anuncia recibirá de los muchos que denunciarán la destrucción metódica de la capacidad del INE para cumplir sus funciones. Es indispensable la declaración por la Suprema Corte de inconstitucionalidad del plan B aprobado por las cámaras legislativas,

La respuesta de la SCJN a las impugnaciones o inconformidades tiene que responder dentro del periodo que la ley marca, a las numerosas y confirmadas inconformidades que ya preparan los partidos políticos y entidades de la sociedad civil. La preocupación por la democracia puede parecer muy lejana a la vida diaria, pero en términos reales, para distraer a la sociedad con temas secundarios, es una estrategia fatal para la democracia, es la estrategia de todos los tiranos.

La marcha de cientos de miles de ciudadanos en todas las plazas y avenidas de México no es un ocioso juego. Las protestas públicas son expresiones de verdadera indignación y exigencia de un pueblo exasperado a las que recurre en última instancia. El caso de la marcha del domingo 26 es singular. No se está reclamando violación de derechos. Se está a exigiendo que el gobierno no destruya la institución electoral, que es única que puede garantizar elecciones limpias y confiables.

Es simple. No debe confundirse. Llegó el momento de exigir con firmeza el respeto a la dignidad nacional.