No es aceptable que un gobierno se quede sin ingresos. Cuando necesita fondos lo más fácil es o endeudarse o subir impuestos. De estos últimos hay varias clases. El impuesto a la propiedad está a la mano.
Tenemos el problema urgente de salvar al país de la quiebra financiera en la que el gobierno de las cuatrotés se ha metido al desplegar con incauta y perversa generosidad una pléyade de programas de subsidios sociales con un valor este año de al menos un billón de pesos sin, pese a las constantes advertencias que se le hicieron, promover con apoyos y alicientes incrementos en la producción agrícola e industrial que proveyera el respaldo económico correspondiente.
Ahora, al iniciarse el segundo tercio de su administración, la señora Presidenta advierte los indicios de una severa insuficiencia presupuestal para soportar no sólo dichos programas, sino seguir alimentando los incalificables expendios en las obras icónicas de Andrés Manuel López Obrador.
La solución más viable e inmediata está en modificar las bases del impuesto predial para lo cual la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue diseñada para instalar una compleja estructura administrativa. Este nuevo instrumento quedó aprobado, sin tomar en cuenta las intervenciones de los partidos de oposición, el 7 de octubre por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en el Senado de la República para su revisión. Es probable que para fines de este mes quede lista para su promulgación y entrada en vigor para enero 2027.
Las nuevas consultas ahora en el Senado comienzan de inmediato, pero de poco servirán. En ellas podrán participar las más diversas posiciones adversas a la intención oficial, pero a la postre prevalecerá el mayoriteo de Morena y la aprobación de la versión original.
La ley tiene por objeto homologar los valores catastrales de los predios con los valores comerciales reales. Para lo cual se entrará en un proceso complejo para los predios aun no regularizados. Los predios de alto valor deben contribuir a la recaudación más equitativa en consonancia con su valor real dejando a un lado los valores catastrales que llevan años de vigencia.
Las autoridades correspondientes tienen como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para adoptar e implementar las nuevas plataformas y modelos de homologación, con el fin de que entren en vigor el 1 de enero de 2027.
Conscientes de la alarma que suscita el mero anuncio de modificaciones al alza de los impuestos prediales, las autoridades del Gobierno de la CDMX y del gobierno federal han declarado de manera directa que esta reforma no implica un “predialazo” ni un aumento inmediato en el cobro del impuesto predial o cambios en el uso del suelo.
La ley pretende, sin embargo, ampliar la base de recaudación, incorporando al padrón fiscal predios o construcciones que actualmente no están registrados o cuyas bases no se han actualizado. Declara no subir la tasa impositiva a quienes ya pagan puntualmente, lo que no impide seguir con el aumento anual en el impuesto que se viene aplicando.
Es por otra parte interesante la diferenciación que se propone no sólo respecto a predios de alto valor comercial, sino de grado de ocupación en que se encuentren sobre el cual los predios más extensos deberán informar. Este nuevo criterio relativo a calibrar la densidad demográfica en la Ciudad de México coincide con la severa crisis de agua que en ella existe. El impuesto predial que ahora se pretende ajustar debe usarse para desestimular la construcción de mega edificios, sean residenciales o comerciales, que consumen volúmenes excesivamente altos extraídos de un acuífero en agonía.
Independientemente de que la planificación de la ciudad sea la más adecuada según los criterios urbanísticos del caso, es urgente aliviar la crisis de estar agotando sistemáticamente el recurso hídrico. El predial hay que elevarlo para desalentar dichas construcciones.
No hay más comentarios que hacer por el momento más que subrayar la arbitrariedad con la que el gobierno de Morena impone cargas que hubieran podido evitarse con un mínimo de cordura administrativa y medidas efectivas para librar al país del terrible lastre de la criminalización rampante en el país.
Una prueba más de la derrota que más que Morena, sufre la sociedad mexicana.