Una propuesta… (I)

Estamos a días de la definición por parte del Congreso respecto de la posible ratificación del actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o bien, de que se decida realizar un cambio en el timón de tan importante institución del Estado mexicano.

Más allá de la decisión que deban asumir nuestros legisladores en la Cámara de Diputados, considero que existen ciertos aspectos o áreas de oportunidad que la propia ASF presenta y que, desde mi perspectiva, deberían modificarse, sea quien sea la persona electa. En un primer plano, desde el interior, estimo que se debería generar un diagnóstico objetivo sobre el actual organigrama que presenta la Auditoría. De igual manera, identificar si la existencia de distintas direcciones generales (DG) está justificada; inclusive, realizar una evaluación sobre la operación de la primera línea de responsabilidad; siempre, por supuesto, cuidando la función primordial de fiscalizar de forma adecuada y oportuna a los distintos entes respecto de los cuales es competente. La realidad del país exige la optimización de los recursos, por lo que valdría la pena una reestructuración en el primer nivel de la ASF, insisto, privilegiando en todo momento la revisión de los recursos en tiempo y forma.

Ahora bien, por diversas vías he recibido comentarios, los cuales suscribo, respecto del expreso y claro rechazo a la conformación de un área que concentre no sólo el seguimiento, sino también las labores de investigación. ¿A qué me refiero si usted no está familiarizado con la operación de la ASF? Actualmente, la Auditoría Superior cuenta con cuatro áreas de primer nivel, denominadas Auditorías Especializadas, a saber: de Gasto Federalizado, de Cumplimiento Financiero, de Desempeño y de Seguimiento, Informes e Investigación (AESII). Es esta última la que podría presentar, desde la óptica de distintas personas, incluida la mía, una reestructura. Me explico. La AESII se encuentra conformada por siete DG, de las cuales cuatro están destinadas específicamente a dar seguimiento a las observaciones planteadas por otras DG; es decir, aquellas que se encuentran adscritas a las Auditorías Especializadas de Cumplimiento Financiero y de Gasto Federalizado. Lo plantearé de manera práctica. Estas dos últimas Auditorías Especializadas son las encargadas de auditar el amplio universo que la ASF revisa. Una vez que determinan observaciones a los entes fiscalizados y realizan toda la labor que implica la auditoría, el expediente se turna a la AESII y ésta, a su vez, a alguna de las cuatro DG responsables de dar seguimiento. Este es un primer momento que podría generar retrasos, ya que el asunto será asignado a personas servidoras públicas que por primera vez tendrán contacto con el expediente.Ahora bien, si el ente fiscalizado no solventa de manera satisfactoria para la Dirección General encargada de esta etapa del proceso, el asunto deberá turnarse a alguna de las dos DG de investigación y responsabilidades que también forman parte de la estructura de la AESII. Considero que, si las Auditorías Especializadas —de Cumplimiento Financiero o de Gasto Federalizado—, por conducto de sus respectivas DG, son las que han llevado el procedimiento de auditoría, podrían también encargarse del seguimiento y la investigación sin necesidad de turnarlo a otra unidad. En síntesis, si las Auditorías Especializadas cumplen con el proceso de auditoría, en mi opinión deberían ser ellas mismas quienes continúen con las etapas subsecuentes, pues son las que tienen el contexto integral del expediente.

En otro orden de ideas, aunque no por ello ajeno a las atribuciones de la ASF, considero relevante que la institución informe sobre la existencia, en su caso, de Manuales de Inteligencia Institucional. Al respecto, diversos académicos sostienen que la noción de inteligencia institucional surge del esfuerzo por reconfigurar el sentido del combate a la corrupción y del fortalecimiento estatal más allá de los enfoques normativos o punitivos tradicionales. Los Estados no logran mejorar su desempeño únicamente mediante el endurecimiento de sanciones o reformas legales, sino a través del desarrollo de capacidades institucionales para aprender, coordinar y utilizar estratégicamente la información. En ese orden de ideas, y para concluir esta parte de la propuesta, la inteligencia institucional permitirá identificar patrones de riesgo sistémico, garantizando que cada observación se traduzca en una recuperación real o en una sanción firme.