En una columna anterior expuse la importancia de la auditoría forense en el ejercicio de fiscalización realizado por los órganos responsables de auditar para y al Estado mexicano. En esta columna abordaré lo que representa la auditoría de desempeño y la relevancia que ésta tiene, especialmente en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de sus atribuciones y dentro de su Plan Anual de Auditorías.
Conviene señalar que la Auditoría Especial de Desempeño de la ASF ha mostrado avances técnicos importantes, se ha enfocado en capacitar a su personal y mantiene una interacción continua con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés). Esta asociación es autónoma, independiente, no gubernamental y agrupa a más de 190 entidades fiscalizadoras superiores de igual número de países.
Una auditoría de desempeño se define como aquella revisión sistemática, interdisciplinaria, organizada, objetiva, propositiva, independiente y comparativa del impacto social y económico, así como de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido. Se trata de uno de los instrumentos más relevantes dentro del control superior de los recursos públicos en nuestro país. Este tipo de auditoría incorpora conceptos clave como eficacia, eficiencia, economía, calidad en el servicio, relación ciudadano–usuario, y competencia y desempeño de los actores.
Lo anterior permite afirmar que, conforme a la legislación mexicana, este tipo de fiscalización no debe limitarse al cumplimiento financiero o normativo. Su propósito es determinar si los programas públicos alcanzaron las metas y objetivos para los cuales fueron creados. En este contexto, la auditoría de desempeño debe evaluar, entre otros elementos, si los programas se ejecutaron de manera eficiente, si las metas y objetivos se cumplieron según lo previsto, si los recursos se ejercieron adecuadamente y si los bienes y servicios otorgados se entregaron con la calidad, cantidad y oportunidad requeridas. Asimismo, debe verificar si los indicadores establecidos reflejaron efectivamente el cumplimiento de objetivos.
La metodología generalmente recomendada inicia con la planeación del programa o proyecto a revisar, el tiempo destinado al análisis y la definición de los responsables. Posteriormente se realiza la revisión integral de los elementos que conforman el programa, las pruebas disponibles y toda la información necesaria para determinar si los servicios produjeron los resultados esperados. Tras el escrutinio, se generan los resultados preliminares, los cuales se presentan al ente auditado para su confronta. A partir de ello se formulan observaciones y acciones promovidas cuando la respuesta no atiende adecuadamente los requerimientos del órgano fiscalizador. Finalmente, se emite un dictamen y un informe de auditoría y se integra un expediente para el seguimiento de recomendaciones.
Es fundamental contar con indicadores de desempeño que generen información específica y medible sobre los programas públicos sujetos a revisión.
No debemos ignorar tres principios básicos en la fiscalización, de manera general, pero en el caso que nos ocupa, de forma muy puntual. Primero, debe tener un enfoque en resultados, es decir, dirigirse a la política pública y no en procesos administrativos. Debe tener un carácter técnico y no político; la auditoría de desempeño debe aportar elementos objetivos y no ser instrumentos de disputa partidista. Y, tercero, debe tener valor público, lo que implica que contribuya de manera eficaz al bienestar social.
En conclusión, la auditoría de desempeño constituye un mecanismo esencial para avanzar hacia un Estado orientado a resultados y hacia una rendición de cuentas efectiva para la población.