Si algo no se hace, ese algo se hace por sí solo algún día, de una manera que no agradará a nadie.
Thomas Carlyle
El nacionalismo mexicano sostuvo, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, que el Estado era más eficiente que los particulares en el aspecto económico. Partía del supuesto que generaba riqueza y, sobre todo, la distribuía mejor en su propósito de hacer justicia social. De ahí que a mayor intervención, más bienestar para la gente. Craso error. Ni se generó riqueza ni se distribuyó. Lo que sí ocasionó fue inhibir a la iniciativa privada para ser mejores empresarios.
Hoy, con sigilo, se busca revertir ese proceso. Digo con sigilo porque no hay nada más ominoso y engorroso para funcionarios ideologizados que reconocer un error y, por lo tanto, corregirlo. ¿A quién se roba en las empresas del gobierno? A la nación, que es muy torpe para defenderse, denunciar y castigar. En cambio, quien ve amenazado o dañado su patrimonio, es notoriamente más eficaz para cuidarlo. Sabe lo elemental: que los ahorros incrementan su utilidad.
El secretario de Hacienda de 1935 a 1946, Eduardo Suárez, fue una figura clave para amortiguar los efectos de la política estatista. Hacía malabares para suavizar el impacto que recibían nuestro vecino y los sectores productivos para que no se perdiera la confianza y desistieran de hacer inversiones.
En esa ambivalencia, nuestro crecimiento era relativamente sustentable. Con el desarrollo estabilizador, interrumpido bruscamente por el populismo de 1970 a 1982, se alcanzaron buenos indicadores en el PIB y en el control de la inflación. Con el gobierno de Carlos Salinas, la definición fue clara, se optó por el denominado neoliberalismo.
En lo internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó el Plan Marshall, denominado así por su creador, George C. Marshall. Fue sin duda el programa más exitoso de las últimas décadas, concebido con principios muy claros: economía de mercado, Estado de derecho, capacitación empresarial, integración. La diferencia con lo hecho por la URSS en Europa del Este es abismal. De 1947 a 1951, el PIB de los países que recibieron las cuantiosas inversiones de Estados Unidos creció 30 por ciento. Si de esas experiencias no aprendimos es por una obcecación indefendible.
Llevamos 40 años discutiendo sobre el marco jurídico del sector energía. Deprime que México no crezca porque sus leyes se lo impiden. Duele tanta mezquindad y negligencia. Perú tiene graves trastornos institucionales, pero le da continuidad a lo que funciona y su economía está creciendo tres veces más que nosotros.
La política no es un asunto de inventos, sino de deberes. No estamos para ensayos en cada periodo gubernamental. Es ignominioso cancelar proyectos exitosos por no ser de la autoría del partido en el poder. Sin continuidad reformista seguiremos dando tumbos en detrimento del nivel de vida de los mexicanos.
Qué difícil ha sido deslindar lo que pueden hacer los particulares y lo que corresponde al sector público cuando lo importante es determinar quién lo hace mejor y con más responsabilidad en el manejo de los recursos que siempre son escasos y pertenecen a los contribuyentes que esperan el uso más adecuado para recibir servicios públicos eficientes. Seguir inyectando dinero cuantioso a empresas quebradas es absurdo. No hay más remedio que abrirse a la inversión privada con claridad, sin ocultamientos y con auténtica rendición de cuentas. Entre más se dilate la solución, más pérdidas habrá.
La cacareada 4T deambula en la toma de decisiones. Por un lado insiste a los dueños del capital que tienen las garantías para la prosperidad de sus negocios y por otro, se sigue incursionando en áreas que no son de la competencia del sector público. La exclusividad de la explotación del litio es un ejemplo. Ya es rutina reconocer que estamos en una nueva era. Si los retrógradas no lo entienden, seguiremos empantanados en nuestra mediocridad ancestral.