Congreso negligente

Quien pretende regularlo todo por medio de la ley, suele más incitar el vicio que corregirlo.

                Spinoza

Los congresos tienen tres funciones primordiales: integración, control y legislativa. La primera se refiere a la necesidad de alcanzar acuerdos. En el Poder Legislativo están representados todos los partidos en el ánimo de orientar el diseño de las políticas públicas.

No estoy del todo seguro, pero creo que México está entre los primeros lugares en la elaboración de proclamas, planes, plataformas electorales y demás documentos señeros. Cuando se convoca a un debate nacional, se le da prioridad a los puntos de discrepancia, relegando lo urgente y necesario. Los congresos tienen el deber de debatir sobre la agenda política y hacerlo de manera tal que de ahí emanen luces para orientar a la sociedad. Desafortunadamente, el nivel del debate ni siquiera se aproxima a cumplir esta tarea.

La función de control dio origen a la división de poderes. Frenar el abuso del poder, exigir la rendición de cuentas y fincar responsabilidades son las tareas originalmente asignadas a las asambleas parlamentarias. El hombre es peligroso con poder, tiende de manera natural a concentrarlo y a ejercerlo discrecionalmente. Por eso la necesidad de los contrapesos. Nuestro Poder Legislativo no ha cumplido a nivel federal y mucho menos a nivel estatal.

La tercera función es la de hacer leyes, labor en la que el Congreso mexicano se ha esmerado, pero con pésimos resultados; nuestras leyes se desvanecen ante el primer impacto con la realidad. Nuestros ordenamientos jurídicos van a la saga de los cambios requeridos. En otros países el derecho consuetudinario avanza con mayor sincronía con la sociedad. Nuestro derecho deliberado constituye en cambio un obstáculo, pues los órganos responsables no actúan con oportunidad y eficacia.

Discutimos por lustros la Reforma Energética, perdiendo oportunidades y, como siempre, llegando tarde. Todavía hoy hay quienes ofrecen revertirla, lo cual significaría cancelar la inversión privada y resucitar a Pemex. Eso no se logra ni con todo el presupuesto federal.

Llevó muchos años consolidar instituciones electorales y darles credibilidad. Ahora se pone todo tipo de pretexto para no aprobar la segunda vuelta que, a pesar de sus deficiencias, es necesaria para darles legitimidad de origen a las autoridades emanadas de las elecciones. Es inconcebible la irresponsabilidad en esta materia. Habría que recordar que al Constituyente de Querétaro, tan celebrado este año, procesó nuestra Carta Magna en menos de dos meses.

Seguimos manoseando y dándole vueltas al marco jurídico para combatir la corrupción mientras siguen apareciendo casos con la correspondiente impunidad.

Muchos se preguntan qué puede unir a partidos con aparentes diferencias ideológicas para formar un Frente Amplio hacia 2018. Pienso en un gobierno con honestidad, que disminuya la corrupción y acabe con la impunidad y, por lo tanto, fortalezca el Estado de derecho, que aproxime normatividad y normalidad, en el cual los funcionarios cumplan con el juramento que pronuncian al asumir un cargo: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”. Así de simple y así de escueto. Si ese elemental compromiso no concita al acuerdo, es porque en el fondo un problema ético lo está impidiendo. No hay voluntad política.

Una democracia no puede ser concebida sin un buen Congreso, integrado por representantes con perfiles parlamentarios. Esa responsabilidad recae en los partidos políticos, que deben postular a quienes mejor puedan cumplir con las funciones señaladas. De ello depende que México reencuentre el rumbo.