Luego de mucho insistir, Claudia Curiel, titular de Cultura federal, al fin reconoció la relevancia de atender los daños en la Pirámide de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan, pese a que, desde 2021, tras 10 años de monitoreo, el INAH reportó afectaciones graves en el monumento debido a “un cúmulo de procesos cada vez más acelerados de arenización, disgregación, filtraciones, manchas de humedad, fracturas, pérdida de color y de elementos arquitectónicos”, como reconoció Diego Prieto desde hace un lustro.
La funcionaria aseguró, el pasado 25 de mayo, que ésta será una obra prioritaria y que formará parte de una segunda etapa de trabajos en Teotihuacan, de la cual nadie había escuchado, pues al parecer dicho proyecto no existía cuando concibieron la reciente inversión de 30 mdp para renovar la museografía, la señalética y otros servicios del sitio.
Aquí lo preocupante es que no dio una fecha aproximada para atender el monumento ni aclaró si el Patronato del INAH —encargado de recaudar 50 mdp para la restauración de la pirámide— logró reunir aunque sea una parte de aquellos fondos. De lo contrario, el anuncio de Curiel sólo sería mediático, en busca de tiempo y, quizá, de heredar este pendiente a los funcionarios del futuro.
Pero mientras la titular concreta la restauración de este templo, único en Mesoamérica, me gustaría que diera su opinión sobre los mal llamados Parques de la Memoria, edificados en Campeche y Quintana Roo, pues es interesante cómo mientras el INAH gasta recursos financieros y humanos en reubicar estructuras —hecho cuestionado por muchos investigadores del propio INAH— argumenta no tener fondos para restaurar un monumento histórico protegido por Unesco desde hace casi 40 años.
SUPLANTAN COLECTIVO
El colectivo Defendamos la Colección Gelman (identificado en IG como @defendamoslacolecciongelman) se ha dedicado a cuestionar e intentar transparentar aspectos sobre la posesión, la itinerancia, la exhibición y la conservación de este conjunto de obra que incluye 30 piezas con declaratoria de monumento artístico (de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros).
Su actividad ha sido puntual y certera ante la postura pasiva y opaca de la autoridad cultural que decidió, sin tino ni experiencia, informar a cuentagotas y limitar la respuesta a las preguntas que desató la polémica, pese a ser su obligación.
Todo esto viene a cuento porque dicho colectivo informa que, desde el pasado 2 de junio se difunde un comunicado de prensa apócrifo, firmado a su nombre, pero enviado desde una cuenta de correo que nadie ubica. “Nos preocupa que personas o entidades que no dan la cara recurran a tácticas de deslegitimación como ésta… reiteramos nuestro llamado al respeto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, la voluntad de Jacques y Natasha Gelman, y la nulidad del convenio firmado por ellas (las titulares del INBAL y la SC) a espaldas del pueblo de México”, expresan Francisco Berzunza y María Minera, voceros de la agrupación.
De momento, no hay forma de saber quiénes pretenden suplantar la voz del colectivo ni identificar si esto proviene de la esfera pública o privada. Pese a todo, este ocioso ejercicio es reprobable.
BUSCA EXCLUSIVIDAD
Apenas llegó la nueva directora de la Biblioteca Vasconcelos, Silvia Alejandre Prado, nombrada esta semana por Claudia Curiel, y sus prioridades ya empezaron a llamar la atención. Ocurre que, antes de siquiera presentar su plan de trabajo, pidió a Servicios Generales (de palabra) que clausurara un sanitario en el área de mujeres, en el auditorio de la biblioteca. Esto, para su uso personal. Desconocemos si la titular tiene alguna condición médica que exija esto, pero no creo que su jefa lo apruebe.