Desde hace casi tres meses, varios arqueólogos —y recientemente el despacho Artículo 27— han confirmado a Excélsior la destrucción gradual del sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco, Estado de México. El material fotográfico recopilado, los testimonios y la más reciente visita al sitio documentan el saqueo, la falta de supervisión por parte de las autoridades y la venta de terrenos donde alguna vez existieron vestigios.
Es un panorama triste que, supongo, sólo pudo ser posible con la complicidad de una o más autoridades, a menos que alguien con autoridad se atreviera a señalar que aquellos vestigios nunca tuvieron relevancia alguna y que sólo son cascajo de la historia.
Porque la devastación ha sido lamentable y basta con repasar el propio registro que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desde 2024, cuando se reportaban “164 montículos, algunos de los cuales fueron edificados sobre plataformas y que contaban con estructuras de cal y canto, embarcaderos y canales, entierros humanos, ofrendas y un sinnúmero de materiales arqueológicos de las más diversas materias primas que abarcan una cronología asignada para la época prehispánica desde el periodo preclásico superior (2500 a.C.) hasta el postclásico tardío (1521 d.C.) distribuidos en al menos 74 hectáreas”, como consta en el sitio web https://shre.ink/jE4q.
¿Cuántos existen hoy? Al parecer ya sólo queda uno. Sin embargo, ninguna autoridad cultural ha podido confirmarlo, pues existe un amparo, tramitado por los ejidatarios, que ha impedido al INAH aproximarse al lugar. ¿Cómo es eso posible? Me parece que, aquí, el instituto aún nos debe una explicación y, por ello mismo, José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, estaría pensando en un camino jurídico que culmine en sanciones a funcionarios que resulten responsables.
Dicho reporte ya hablaba de asentamientos, construcciones y acciones irregulares en detrimento del sitio arqueológico, lo cual se describe así: “Se desató una seria y descarada campaña de vandalismo que inclusive se difundió en las redes sociales de la plataforma Facebook para invitar a la población al saqueo en gran escala de los bienes arqueológicos, así como a las acciones de escarnio para el INAH, que no ha podido evitar ni sancionar los delitos derivados de esta serie de acciones aquí reveladas”, como reveló la periodista Reyna Paz Avendaño (Excélsior, 13/04/2026).
Me parece triste que se siga arrasando el sitio arqueológico de Los Tlalteles, mientras el Museo Nacional de Antropología inauguró la exposición Tlachtli. Espacios del juego sagrado, del fotógrafo Santiago Arau, dedicada a enarbolar el juego de pelota y en la que es posible contemplar la grandeza de una veintena de estos espacios.
Por cierto, durante la apertura de la exposición de Arau, el pasado jueves, el director del INAH, Joel Omar Vázquez, expresó lo siguiente: “Toda generación hereda un patrimonio y también una manera de observarlo. La forma en que la sociedad contempla su pasado nunca permanece inmóvil; cambian las preguntas, evolucionan las herramientas y se transforman las perspectivas desde las cuales intentamos comprender aquello que hemos recibido de quienes nos precedieron”.
Justo a partir de esta idea podríamos formular algunas preguntas: ¿Qué pasa entonces con esos habitantes y comunidades que están perdiendo su patrimonio cultural y que no han sabido cuidarlo ni preservarlo?, ¿cómo mirar un legado que ninguna autoridad ha sabido proteger?, ¿cómo justificar un saqueo de tal magnitud a sólo 57 km del Museo Nacional de Antropología? Y lo más importante: ¿qué mensaje se estaría enviando al resto del país a partir de este caso que, según el titular del INAH, ya se estaría atendiendo?