Intervencionismo norteamericano

La historia de las relaciones internacionales ha demostrado, una y otra vez, que los intentos de imponer la paz por la fuerza suelen producir exactamente el efecto contrario. En los últimos años, Donald Trump ha intentado proyectarse como un supuesto líder pacificador a escala global. Se ofreció como mediador en conflictos tan complejos como el de Rusia y Ucrania o el de Israel y Gaza, sin lograr resultados tangibles. No obstante, su presencia constante en estos escenarios dejó claro algo distinto: la utilización del conflicto como palanca para obtener ventajas geopolíticas.

Ese mismo modelo —aunque adaptado— ha comenzado a trasladarse a América Latina. Bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga que, según su narrativa, han inundado de estupefacientes a Estados Unidos, se ha construido un discurso que normaliza la intervención, el uso de la fuerza y la injerencia directa en los asuntos internos de otros países. A ello se suma un giro aún más preocupante: la reciente afirmación de que el objetivo real es recuperar el petróleo “robado” a empresas estadunidenses en Venezuela, omitiendo deliberadamente que dichas expropiaciones fueron procesos jurídicos acompañados de indemnizaciones.

El punto de quiebre se alcanza cuando, de manera unilateral, se recurre al cerco militar y a incursiones con la finalidad de detener y secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, pues se trata de un jefe de Estado. En el derecho internacional, ese estatus no es menor: implica reconocimiento, trato diplomático y límites claros a la intervención externa.

Lo más alarmante es la justificación ideológica que acompaña estas acciones. Trump parece inspirarse en una versión distorsionada de la Doctrina Monroe, concebida originalmente para evitar el colonialismo europeo en el continente americano. Hoy, paradójicamente, esa doctrina se invoca para legitimar una forma de neocolonialismo, autodefinido incluso como una misión “iluminada” o providencial. La historia, sin embargo, ha demostrado que ningún país —por poderoso que sea— tiene derecho a erigirse en juez, policía y administrador del destino de otros pueblos.

Este enfoque ignora deliberadamente la arquitectura institucional que rige el orden internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Organismos como la ONU, su Asamblea General y su Consejo de Seguridad; la OEA; así como las figuras jurídicas del bilateralismo y el multilateralismo, existen precisamente para evitar que la ley del más fuerte sustituya al derecho.

Más grave aún es el desconocimiento —o desprecio— de principios que América Latina ha defendido históricamente y que México sintetizó de manera ejemplar en la Doctrina Estrada. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la búsqueda de la paz y la seguridad colectiva no son consignas ideológicas: son reglas de convivencia internacional que han evitado conflictos de mayor escala.

Estas operaciones no sólo violan el derecho internacional, sino también la legislación interna de Estados Unidos, al no contar con la autorización de su propio Congreso ni con respaldo multilateral alguno.

El mensaje es inquietante: se normaliza el uso de las Fuerzas Armadas para alcanzar objetivos geopolíticos, y en el caso venezolano, el interés económico —el petróleo— aparece como el verdadero motor de la intervención. Este precedente abre una puerta peligrosa para toda la región. Si se acepta que una potencia puede decidir quién gobierna, cuándo intervenir y con qué argumentos, América Latina retrocede décadas en la construcción de su soberanía.

La intervención extranjera que pone y quita gobiernos no sólo es inaceptable: es una regresión histórica. El continente ha pagado un precio demasiado alto por golpes de Estado, dictaduras impuestas y conflictos alentados desde el exterior. Volver a ese camino significa renunciar a los avances logrados en autonomía, integración regional y respeto mutuo, ¿o no, estimado lector?