La seguridad pública no admite simulaciones ni discursos vacíos. Se mide en resultados concretos, en cifras verificables y, sobre todo, en la capacidad del Estado para recuperar espacios frente a estructuras criminales que durante años acumularon poder económico, armamento y control territorial. En ese terreno —el de los datos duros— es donde debe analizarse la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En pocos meses de administración, las cifras son contundentes: más de 43 mil detenciones vinculadas a delitos de alto impacto; más de 22 mil armas de fuego aseguradas; 311 toneladas de droga decomisadas; alrededor de 1,760 laboratorios clandestinos desmantelados. En el caso específico del fentanilo, millones de pastillas y cientos de kilogramos del opioide han sido incautados, afectando una de las cadenas criminales más lucrativas y dañinas de la actualidad.
Estas cifras no son menores. Implican operaciones de inteligencia, despliegues tácticos simultáneos en distintas regiones del país y coordinación interinstitucional permanente. La lucha contra el narcotráfico no es una acción aislada; es un proceso sistemático que requiere análisis financiero, seguimiento logístico, infiltración de estructuras, trabajo de campo y toma de decisiones políticas firmes.
Uno de los episodios más relevantes en este contexto fue la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La operación que culminó con su caída no fue producto de la improvisación, sino resultado de una estrategia sostenida de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales. La reacción violenta de sus operadores confirmó el peso estructural del objetivo abatido y la magnitud del golpe asestado.
No debe perderse de vista que cada operativo implica riesgos reales. Detrás de cada cifra hay mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de corporaciones policiales que enfrentan organizaciones con armamento de alto calibre y recursos económicos multimillonarios. Muchos resultan heridos; otros pierden la vida. La política de seguridad no es una abstracción administrativa: es una confrontación directa en la que servidores públicos mexicanos arriesgan todo por restablecer el orden jurídico.
El impacto comienza a reflejarse también en indicadores de violencia. La reducción de 37% de los homicidios dolosos, promediando 32 casos menos al dia. La seguridad no se resuelve de un día para otro, pero la tendencia importa.
México no enfrenta este desafío en aislamiento. Existe coordinación permanente con autoridades de Estados Unidos, con corporaciones internacionales y con instancias europeas en materia de intercambio de información, tecnología e inteligencia financiera. El combate al narcotráfico es hoy un asunto de dimensión global, y la articulación internacional fortalece la capacidad operativa del Estado mexicano.
La sociedad mexicana demanda paz, orden y legalidad. Esa exigencia trasciende diferencias políticas. Cuando existen avances medibles, el análisis responsable debe centrarse en los hechos. Los números están ahí: decomisos históricos, desmantelamiento de infraestructura criminal, detenciones masivas y captura de objetivos prioritarios.
Restaurar la paz exige constancia, decisión y respaldo social. México necesita cohesión frente a organizaciones que operan con recursos ilícitos multimillonarios y redes internacionales. En este contexto, cerrar filas en torno a una estrategia que está produciendo resultados verificables, es una expresión de responsabilidad nacional.
El país es uno solo. La seguridad no distingue colores ni ideologías. Los datos muestran que existe dirección estratégica, voluntad política y coordinación institucional. Reconocerlo fortalece al Estado y honra el sacrificio de quienes arriesgan la vida por devolverle tranquilidad a millones de familias mexicanas.
México merece paz. Y cuando la política pública avanza con resultados concretos, lo sensato es respaldar el esfuerzo colectivo para consolidar esa ruta. ¿O no, estimado lector?