Pocas personas saben que uno de los antecedentes más importantes en la defensa moderna de los consumidores surgió en Estados Unidos. Fue el presidente John F. Kennedy, quien, en su mandato, envió al Congreso estadunidense una iniciativa para reconocer formalmente los derechos de los consumidores. Con ello se estableció uno de los primeros precedentes en el mundo para legislar en favor de quienes adquieren bienes y servicios.
Aquella iniciativa marcó un momento histórico. Por primera vez se planteó que el consumidor debía ser protegido frente a abusos del mercado y que el Estado tenía la responsabilidad de generar instituciones legales y mecanismos jurídicos para su defensa.
Años más tarde, en 1974, la Organización de las Naciones Unidas instó a los países del mundo a desarrollar organismos y políticas públicas orientadas a proteger a los consumidores. Con ello se consolidó una tendencia global: reconocer que el bienestar económico de las personas depende también de reglas claras en los mercados.
Sin embargo, la historia suele presentar paradojas.
Si en su momento un presidente estadunidense impulsó la defensa de los consumidores, hoy observamos cómo las tensiones geopolíticas promovidas desde Estados Unidos —bajo el liderazgo de Donald Trump— están generando conflictos internacionales que inevitablemente terminan perjudicando a los consumidores de todo el planeta.
Las guerras modernas tienen efectos que van mucho más allá del campo de batalla. Uno de los primeros impactos se produce en las cadenas de suministro globales. La energía, el transporte, la logística y la producción industrial dependen de sistemas altamente interconectados. Cuando estos sistemas se interrumpen o se vuelven más costosos, el efecto se traslada rápidamente a toda la economía.
La energía es un ejemplo claro. El costo del petróleo y del gas impacta directamente en la producción de alimentos, en el transporte de mercancías y en la fabricación de prácticamente todos los bienes y servicios. Cuando los conflictos bélicos generan incertidumbre en el suministro energético, los precios comienzan a subir y la inflación se expande por toda la economía.
Lo estamos viendo nuevamente con la tensión en Oriente Medio. Tras el conflicto con Irán, el cierre del estrecho de Ormuz provocó una reacción inmediata en los mercados energéticos. El precio del barril de petróleo superó los 100 dólares, alcanzando niveles cercanos a los 105 dólares, pues por ahí circula 20% y 30% de los suministros mundiales de petróleo y gas, y fertilizantes que recibe Europa.
El presidente Trump solicitó apoyo de países como Reino Unido, Alemania, España, China, Japón, Corea del Sur, incluida la OTAN, para enviar barcos y escoltar petroleros. Afortunadamente le han respondido por medios diplomáticos que se analizará con cuidado.
Ante esta presión, se liberaron cerca de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para contener el impacto de los mercados financieros, medida que alivia temporalmente la percepción internacional.
Las guerras suelen planearse para resolverse en pocos días. La realidad, sin embargo, demuestra que muchas terminan extendiéndose durante semanas, meses, incluso años. Y cuando eso ocurre, los efectos económicos son devastadores.
Porque las guerras sabemos cuándo empiezan, pero nunca sabemos cuándo terminan ni cuáles serán sus verdaderos costos. Rusia-Ucrania a manera de ejemplo.
Al final, esos costos no los pagan únicamente los países involucrados en el conflicto. Los paga el mundo entero. Los paga el transportista que enfrenta combustibles más caros, el productor con el costo de insumos y, sobre todo, los paga el consumidor que termina enfrentando precios en alimentos, servicios y productos básicos.
La posición de nuestro país ha sido muy enfática, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México siempre abogará por la paz. Las guerras son un impuesto invisible que recae sobre todos los consumidores del planeta, ¿o no, estimado lector?