Credibilidad
Tiene razón el presidenteEnrique Peña Nieto al afirmar que el país no puede quedar atrapado en una situación impune al reiterar que los culpables del crimen colectivo en Iguala serán castigados… sin embargo, han surgido nuevas reflexiones...
Ayotzinapa “no es caso cerrado ni debe cerrarse”, así lo expuso Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al presentar su informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y afirmó que no hay manera de recuperar la normalidad que el país tenía antes de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa porque ésta “era anómala, estaba asentada en buena medida en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.
Tiene razón el ombudsman mexicano, pues la PGR de Murillo Karam pretendía cerrar el caso al afirmar que hay evidencias científicas suficientes que acreditan el asesinato e incineración de los 43 jóvenes normalistas de Guerrero. El problema es que a Murillo pocos le creen.
Por otra parte, tiene razón el presidente Enrique Peña Nieto al afirmar que el país no puede quedar atrapado en esta situación impune al reiterar que los culpables de este crimen colectivo serán castigados… sin embargo, han surgido nuevas reflexiones, científicos afirman que para cometer los homicidios en el basurero de Cocula se necesitaron varias toneladas de llantas o de madera para incinerarlos. ¿Por qué los estudios del Instituto de Biología de la UNAM y los nombres de quienes loS realizaron son confidenciales y su información se encuentra clasificada? ¿Por qué no han llamado a declarar al exgobernador Ángel Aguirre? Pues se sabe que tenía relaciones económicas y de amistad con María de los Ángeles Pineda, esposa del exedil de Iguala, José Luis Abarca.
Por ello, hace bien el Titular de la CNDH al afirmar que las movilizaciones de respaldo a las víctimas y sus familiares son una expresión de hartazgo a la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente. Agréguele, estimado lector, que la economía del país depende en mucho de la renta petrolera y ésta se fue al caño del desagüe por la inseguridad que vivimos y que cuesta 2% del PIB, según la Canacintra.
El CEESP aseguró que si se consideran las inversiones y gastos en seguridad de pequeños y grandes empresarios, las pérdidas y caídas en producción, la cifra se incrementa a diez puntos del PIB, equivalentes a 1.7 billones de pesos.
La ANTAD reportó pérdidas por 13 mil millones de pesos en 2014, sólo por robos a sus tiendas.
El sector privado también llegó al hartazgo y exige a los tres órdenes de gobierno accionar programas para detener violencia, saqueos, robos y secuestros. Recordemos que los empresarios son los generadores de empleos y han tenido que cambiar sus modelos de negocio, la logística y la seguridad de sus empresas y sus empleados. Por ello el gobierno federal tiene que evaluar sus modelos de prevención pues, ante el creciente deterioro social, éstos no han sido eficientes. Ejemplos: ¿cómo queremos que inversionistas extranjeros instalen sus dineros en la construcción de más y nuevas gasolineras en el país, si el crimen organizado abastece de gasolinas a 20% del mercado nacional?
CNN informó que en 2005 visitaron México 103 millones de turistas y ahora sólo 77.8 millones. ¿Cómo queremos que nos visiten más turistas de Estados Unidos y Canadá si la violencia y la impunidad siguen galopantes? ¿O no, estimado lector?
*Presidente del Congreso Nacional de la Abogacía