Costos
Cassezno fue secuestrada y sí juzgada por tribunales judiciales mexicanos debido a su participación en secuestros...
El actuar de personas e instituciones tiene un costo: positivo o negativo.
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional cartas credenciales de 11 embajadores representantes de países, incluido Francia, y el saludo de 130 que integran el cuerpo diplomático acreditado en México, trabajo eficaz del canciller José Antonio Meade.
Ante el mundo hay un desgaste de la justicia penal mexicana, queda mermada su imagen por el caso de Florence Cassez, recibida con bombo y platillos en el Palacio del Eliseo por el presidente socialista François Hollande para poner una cortina de humo a las preocupaciones de los franceses, igualándola con la periodista Florence Aubenas, secuestrada en 2005 en Irak y luego liberada, o de Ingrid Betancourt, secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La diferencia es que Cassez no fue secuestrada y sí juzgada por tribunales judiciales mexicanos debido a su participación en secuestros, y liberada por tecnicismos del derecho, que a juicio de expertos penalistas, “no determinantes para cambiar el sentido de su sentencia”. El gobierno francés la recibió en el pabellón de autoridades con alfombra roja, la hospedó en el lujoso hotel Bristol de París, donde alojan a jefes de Estado y de gobierno extranjeros, concede entrevistas a medios de comunicación reiterando “su inocencia”, con la complacencia del gobierno francés para desviar la atención de los verdaderos problemas de su país; como la guerra con Mali por el uranio que abastece sus plantas nucleares; el rehén asesinado en Argelia; su brutal cifra de desempleo de 3.5 millones de personas o los ocho mil trabajadores de Renault que van a despedir. Aquí en el foro académico y jurídico existe frustración y se especula con la “supuesta negociación” de la ministra Olga Sánchez Cordero de una magistratura para su hija que actualmente es juez. Personalmente, no creo en este tipo de escenarios. La honestidad y el profesionalismo de Sánchez Cordero son a prueba de balas. El presidente Peña Nieto, respetuoso de los Poderes de la Unión, jamás se atrevería siquiera a sugerir recomendación en sentido alguno a la Corte. Más bien, preocupado por el deterioro y desprestigio de la justicia mexicana, empuja programas nacionales que habrán de dignificar y mejorar sustancialmente la prontitud y expeditez de la aplicación de leyes contenidas en la Constitución y en los ordenamientos correspondientes. Los juicios orales, el Código Penal Único, la Ley de Reparación de Daños a Víctimas, son algunos ejemplos impulsados por el talentoso consejero jurídico presidencial Humberto Castillejos Cervantes.
El Poder Legislativo debe hacer lo propio. Existen diez leyes sin reglamento, requieren trabajar con prontitud, seriedad y responsabilidad, creando y actualizando las vigentes con sentido común, patriotismo y atendiendo los anhelos y sentimientos de la sociedad.
El Poder Judicial debe hacer lo suyo realizando juicios de valor, autoexaminándose y analizando si el resultado de su trabajo genera bienestar o desaliento y determinar si, apegados a los tecnicismos jurídicos, está haciendo “justicia a la mexicana” o “justicia real y auténtica”, como decía Jorge Carpizo. ¿Y los miles de reos sentenciados que apelarán un trato igual a la Cassez o los miles ni siquiera sentenciados por largos, burocráticos y costosos procesos judiciales, pagados con impuestos de los mexicanos? ¿O no, estimado lector?
*Abogado y político