Intérpretes de la ley
Resulta que si hay quienes están por encima de la ley, ésos son los intérpretes de la ley. Por más precisa que sea determinada ley, la lucidez de intuitivos intérpretes esclarece y acomoda “lo que el legislador quiso decir”.
A 78 días del 1º de julio, quedan en entredicho resoluciones adoptadas por el Instituto Nacional Electoral —INE—, organizador y administrador de las anunciadas elecciones más escrupulosas y confiables, además de onerosas —presupuesto 2018 del INE 17 mil 427 millones de pesos, sin considerar 6 mil 789 millones a los partidos políticos— de nuestra aún incipiente democracia, al ser refutada dicha autoridad electoral, precisamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —TEPJF— revisor y calificador del mismo proceso electoral.
Autoridad sobre autoridad.
En apretada votación, 4 magistrados del TEPJF difirieron del criterio de 3 de sus colegas, sentenciando que el aspirante a la candidatura presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aparezca en las boletas electorales, socavando la credibilidad del INE y pasando por alto el cúmulo de irregularidades en las firmas presentadas ante dicha autoridad electoral. De 2 millones 34 mil 403 firmas entregadas, finalmente fue validado el 42% de las mismas, o sea, 849 mil 937 firmas, faltando aún así 16 mil 656 para alcanzar el mínimo de firmas requerido. Fueron rechazadas firmas duplicadas, otras que no aparecían en la lista nominal, firmas de fallecidos, nombres dados de baja del listado de credenciales sin vigencia, más otros miles de firmas ajenas al listado y al padrón, algunas fuera del régimen de excepción, además de las fotocopias, simulaciones y credenciales alteradas.
Los argumentos esgrimidos por el Tribunal Electoral para validar la candidatura de El Bronco se sostienen en que el INE no garantizó el derecho de audiencia del aspirante independiente a candidato presidencial, que prevalecieron justificadas dudas de que El Bronco podría haber alcanzado las firmas necesarias, ya que había quedado cerca de conseguir el número de firmas requerido y que la ley no menciona que en la fase final, las firmas tuvieran que ser validadas.
A pesar de que el fallo —¿o será fayo?— del TEPJF es inapelable, el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que el Instituto actuó de manera plena y profesional en la revisión de las firmas presentadas por Jaime Rodríguez Calderón. El consejero Benito Nacif calificó de incongruente la resolución el Tribunal, ya que El Bronco sí ejerció en 12 ocasiones su derecho de audiencia. El consejero Ciro Murayama ironizó que aunque El Bronco presentó miles de firmas de personas fallecidas, inexistentes o ajenas al padrón electoral, “por mandato del TEPJF, no importa, acataremos”. La consejera Pamela San Martín reclamó que se midiera con distinta vara al Bronco y a otros aspirantes independientes, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado rechazados. La mismísima Janine Otálora, presidenta del TEPJF, se pronunció en contra de avalar el registro de El Bronco, ya que quienes aspiren a una candidatura de elección popular no pueden ser cuestionados por su ética y compromiso democrático: “El cargo en disputa significa el liderazgo de esta nación”. El reconocido jurista Diego Valadés declaró: “El Bronco tendría que estar sentenciado y en la cárcel y no en la boleta electoral… La resolución que revivió la candidatura de Jaime Rodríguez fue infundada y arbitraria”. Andrés Manuel López Obrador aprovechó el viaje: “El Bronco es candidato por instrucciones de Enrique Peña”.
Altivo, El Bronco alardea que la justicia le dio la razón, advirtiendo que se dispone a denunciar al INE ante la Fepade por denigrar su imagen, por hacerlo sentir que iba bien y luego al final decirle que estaba mal. Quien ya denunció a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ante la Fepade fue el INE, por presuntos delitos electorales cometidos durante la recolección de firmas para ser registrado como candidato presidencial.
El asunto de fondo es el rechazo a que el Tribunal Electoral acomode la ley para dar cabida a un candidato que, evidentemente, hizo trampas para obtener su registro y así competir por la Presidencia de la República, por lo que no nos sorprendería que, finalmente, Armando Ríos Piter sea también incorporado a la boleta electoral. Logísticamente, la impresión de boletas electorales habrá de retrasarse, los debates serán reconfigurados otorgando menos tiempo de exposición a candidatos con posibilidades y lo más deplorable es que la imagen del árbitro electoral haya sido dañada, precisamente por la “interpretación legal” de un superior e inapelable Tribunal Electoral.